Un día después de que se conociera el llamado a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el también senador Iván Cepeda (contraparte en este proceso) entregó una declaración en la que señaló que no acudirán a la diligencia programada para el próximo 8 de octubre.
“A pesar de tener todo el derecho a hacerlo, anunciamos que con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, no concurriremos a las diligencias de indagatoria”, dijo en la mañana de este sábado el congresista del Polo Democrático.
El proceso para llegar a este llamado ha sido tan extenso como complejo por las múltiples acciones judiciales que se han realizado. De hecho, el expediente tiene ocho cuadernos principales, nueve anexos y seis reservados, cada uno con un máximo de 300 folios. Además, hay 137 horas de grabación que fueron analizados por el magistrado César Reyes y su equipo.
El llamado es por los delitos de soborno y fraude procesal, y data de febrero de 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia cerró una investigación en contra de Cepeda que fue demandado por Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testigos. El fallo a favor del congresista del Polo le fue adverso a su contraparte del Centro Democrático porque el alto tribunal pidió investigación en su contra.
Los tropiezos que ha tenido el avance del proceso fueron reseñados en el segundo punto del comunicado de Cepeda de la siguiente manera: “los magistrados han realizado su trabajo en tiempos razonables, y que si alguna dilación hubiere en este asunto ha corrido a cargo de la defensa de los congresistas Uribe y Prada, de los cambios en la estructura de la Corte acontecidos a raíz de la entrada en vigor del sistema de doble instancia, y al hecho de que una vez se conformó la nueva sala de instrucción penal, la magistrada Cristina Lombana designada para el caso debió ser reemplazada por encontrarse objetivamente impedida para adelantar el proceso”.
El aparente soborno al que refiere el expediente en contra del jefe del Centro Democrático radica en la presunta manipulación que pudo haber ejercido para que Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas y quien habló de los aparentes nexos de los Uribe Vélez con grupos paramilitares, se retractara de sus declaraciones.
Monsalve ha sido el ‘trompo de poner’ en todo este episodio. Mientras los abogados de Uribe Vélez dicen que “le tendió una trampa” al expresidente, por el lado de Cepeda insisten en que los defensores Jaime Granados y Jaime Lombana “omiten decir que fueron ellos los que, por diversas vías, buscaron al testigo para hacerle ofertas que perseguían su retractación”.
Lo cierto es que si se esperaba un pronto fallo en toda esta serie novela judicial, el mismo no será tan rápido. Ya que tras la indagatoria – que será hasta el 8 de octubre – el magistrado Reyes tendrá nuevos elementos para avanzar en el proceso, a la par que avanza con la obtención de nuevas pruebas y testimonios.
