Otras autoridades y periodistas también estaban en el lugar de la masacre.
Por el hostigamiento a una comisión de ONG, autoridades y periodistas que acudían a la zona donde fueron asesinados siete campesinos en días pasados, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de los dos uniformados de la Policía que estaban al mando en ese momento.
La medida adoptada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos cobija al teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación CASEG-6, y al subintendente Didier Leandro Grajales Marín, comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad-Detol).
La entidad informó que a esta investigación también fueron vinculados el capitán Camilo Andrés González Cano, y los patrulleros Anderson Estiven Sánchez Castillo y Brian David Palma Restrepo, miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación CASEG-6.
Frente a los hechos del 5 de octubre, donde murieron siete personas y otras 20 resultaron heridas, la Procuraduría vinculó a la investigación, en la que ya fue ordenada la suspensión de cuatro policías, a otros 36 uniformados y 14 miembros del Ejército.
