La situación jurídica de Jesús Santrich, excabecilla de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se empieza a desenrollar, pues la mañana de este jueves fue suspendido su trámite de extradición, solicitada por Estados Unidos luego de ser vinculado al narcotráfico.
La Justicia Especial de Paz (JEP) se pronunció este jueves sobre el proceso del exguerrillero. El presidente de la sección de revisión de la JEP, Jesús Bobadilla, informó en rueda de prensa que el tribunal dispone "la suspensión del trámite de extradición que se adelanta" en contra de Santrich.
La medida se corre por el término de 10 días, “para que los intervinientes soliciten las pruebas que consideren necesarias”. La JEP ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, una vez reciba la solicitud formal de extradición, remita copia de la misma a la Sección.
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El organismo agregó que no se encontraron elementos de juicio suficientes para pronunciarse, por ahora, en torno a la petición de nulidad de la medida de aseguramiento, pedida por Santrich. “Motivo por el cual dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación para que en un término que no supere los cinco días allegue la información solicitada por la Sección”.
Santrich, en huelga de hambre desde que fue capturado el 9 de abril, está en la Fundación Caminos de Libertad, sede ofrecida por la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) por razones humanitarias, a donde fue traslado el 10 de abril desde el hospital El Tunal y es custodiado por el Inpec.
Antes de su hospitalización, el exguerrillero estaba en la cárcel La Picota de Bogotá. El presidente de la CEC, monseñor Óscar Urbina, se pronunció este miércoles sobre la polémica que se ha generado por el traslado de Santrich a Fundación Caminos de Libertad.
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“Me permito reafirmar que la motivación fundamental de la Iglesia en esta situación es de carácter humanitario. Corresponde además a la defensa de la vida, que es un principio inherente a nuestra fe católica. No hay otro tipo de motivaciones e intereses”, manifestó Urbina.
El líder del grupo desmovilizado grupo subversivo es acusado de participar en el envío de diez toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, tras la firma del acuerdo de paz.
