Este viernes, el candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como Timochenko, envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, solicitando la intervención de la ONU en Colombia debido a su preocupación frente al fallo de la Corte Constitucional respecto del Acto Legislativo 01 de 2017 y a la Ley Estatutaria de Justicia Especial para la paz.
Londoño espera que el Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, quien visitó el país hace pocos días, informe a Gutiérrez sobre “la gravedad de lo ocurrido".
Así mismo, dice, "invocamos la intervención de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, en analogía de lo expresado por el señor Feltman en cuanto a nuestra participación política: El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”, sostiene el líder del nuevo partido político en su misiva.
Frente al fallo de la Corte, Londoño asegura que la Corte subordina la justicia ordinaria a la Justicia Especial para la Paz, “matando su carácter esencial” y crea "un cuerpo de intocables" al extender el fuero de juzgamiento a los agentes del Estado civiles como “ministros, congresistas, fiscales, procuradores, y gobernadores”.
Además, sostiene 'Timochenko', la Corte introdujo en su fallo una serie de “condicionalidades no previstas en el Acuerdo Final, cuyo incumplimiento en el fortuito caso de producirse, daría lugar a la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso”.
Y agrega que “La extradición para ex combatientes de Farc fue expresamente prohibida por un Acto Legislativo declarado exequible y es por tanto un derecho, una garantía que no puede ser eventualmente revertida por los jueces, como quedó peligrosamente establecido entre líneas en el fallo de la Corte”.
Por otro lado, el candidato presidencial sostiene que el Senado pervirtió lo que se aprobó en La Habana pues tanto en el Acto Legislativo como en el acuerdo de paz “se contempló un procedimiento para la escogencia de los magistrados que integrarían la JEP, para cuya designación el cuerpo internacional de altísimas calidades que se integró debía tener en cuenta que los candidatos cumplieran con los mismos requisitos para ser magistrados de las altas cortes colombianas”.
También acusa al Senado de haber introducido una serie de inhabilidades para los magistrados que a su juicio revelan “la intención premeditada de impedir la posesión de la mayoría de los designados, en un acto que únicamente empata con la intención de que sólo puedan ser magistrados los defensores de la impunidad estatal".
Londoño, además, denuncia en su carta que "quienes fueron judicializados por lo que en Colombia se considera como 'parapolítica' con la aprobación del Acto Legislativo podrán “aspirar libremente al ejercicio político y por ende presentarse como candidatos a corporaciones públicas y luego posesionarse, en una consagración infame de desconcertante impunidad”.
