Además del maltrato, las enfermedades, la inseguridad y la cercanía con las drogas, las trabajadoras sexuales deben lidiar con otros problemas: no saben cuántas son y no cuentan con un marco jurídico que proteja sus derechos.
Ser una población flotante y migrante hace casi imposible la labor de censar esta actividad económica. Ni siquiera el Banco de la República le ha metido mano a este proyecto, pese que sí lo hizo con la denominada economía subterránea enfocada principalmente en identificar estadísticamente fenómenos como el narcotráfico y el contrabando (1976-2003).
La Secretaría Distrital de Integración Social, en Bogotá, es la que más cerca ha estado de censar esta población y lo ha hecho a través del Proyecto 743, que ha desarrollado en conjunto con la Policía.
En él se busca generar capacidades para el desarrollo de las personas que ejercen la labor. Entre 2013 y 2015, la Secretaría atendió a 4.698 trabajadoras sexuales en la capital del país. Ni en Ipiales, Cali, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Cartagena hay razón de esta población flotante.
Tras recorrer establecimientos en los que se ofrecen servicios sexuales, Fidelia Suárez, presidenta del primer Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco), cree que esas cifras no reflejan la realidad. “Cada vez que visitamos un establecimiento hay una compañera nueva, por eso nos damos cuenta que cada día aumenta la población de este oficio”.
Suárez desestima las demás cifras y considera que el dato no llega ni a 1% de la realidad. Tras estar inmersa en esta labor por más de 26 años y de realizar jornadas de concienciación sostiene que hay al menos “4 millones de trabajadoras sexuales en Colombia”.
Esta percepción constata que las personas que ofrecen servicios sexuales pueden ser miles o millones. Así, espera que su sindicato que hoy tiene a 600 mujeres pueda sumar 2.000 a final del año.
Establecimientos, calles, hoteles, casas particulares son escenarios en los que podrían estar las mujeres oferentes de placer a cambio de dinero.
Su caracterización es tan variada como los lugares en los que se encuentran. Hay mujeres que llegaron a la actividad por la vulnerabilidad de su condición, pero también por suplir necesidades de consumo de lujo, entre las que están las denominadas prepago.
Para Ricardo Luque, coordinador del grupo de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos del Ministerio de Salud, no hay una cifra objetiva debido a que es una labor informal.
“Las únicas personas que podemos censar son aquellas que realizan el oficio en espacios regularizados como los establecimientos. Sin embargo, se quedan por fuera lugares como las calles, las casas, los hoteles o los parques donde también hay actividades de este tipo”. También es muy difícil hacer un conteo “teniendo en cuenta que en muchos casos está asociado a actividades ilegales y que además involucra menores de edad”, dijo Henry Ruíz, asesor del observatorio de Asuntos de Género de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
El consumismo desenfrenado, las interacciones que ofrecen las redes sociales y estudios de campo demuestran que este oficio está en crecimiento y cada vez se amplía más el rango de edad en el que se encuentran las personas. Oscilan entre 19 años y 76 años y las ciudades donde más se da el fenómeno es en Cartagena, Pereira, Bogotá, Cali, Ipiales, Medellín y Bucaramanga. Los ingresos también oscilan según la condición de la trabajadora. Hay quienes cobran $5.000 o los $1,4 millones que obtenía Dania por su trabajo, la Dania del servicio secreto de Estados Unidos.
“Este crecimiento ha convertido el trabajo sexual en la segunda economía ilegal que más factura. Solo por debajo de compra y venta de armamento”, dijo Suárez. La prostitución podría mover cerca de $5,7 billones al año, es decir unos US$3.180 millones, de acuerdo con unos cálculos que LR hizo en 2012.
Agremiación
De acuerdo con Fidelia Suárez, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales se conformó gracias al apoyo de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) el pasado 26 de noviembre de 2015. Para el sostenimiento del sindicato se requiere el pago mensual de $3.300 y esperan agrupar a 2.000 trabajadoras sexuales al finalizar este año.
Suárez se enorgullece en decir que su organización es el único sindicato establecido para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales, más aun en momentos en los que países como Francia han penalizado el oficio.
Bogotá | La República
