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Colombia
Tres condenas por hacer amenazas contra periodistas
La Fiscalía continuará investigando los 8 procesos que están en juicio y los nueve que se encuentran con imputación de cargos.
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Colprensa
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Martes, 3 de Septiembre de 2019

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar (Cesar) condenó a John Rene Gélvez, conocido con el alias de Orbitel, a una pena de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 53 meses por haber amenazado vía telefónica al periodista Jorge Eduardo Espinosa.

Además de la condena contra Gélvez, hubo otros dos fallos condenatorios, uno de ellos contra Ivanhovich Jiménez Bastidas, quien tendrá  una pena de 37 meses de prisión e inhabilidad de 2 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.

También Jiménez deberá pagar una multa de 17 salarios mínimos legales vigentes por amenazar a miembros de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, y nueve integrantes de la junta directiva de la Unión Patriótica (UP). 

La decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Por otra parte, en Dosquebradas, Risaralda, se impuso condena contra Javier Andica Acevedo por el delito de amenazas hacia el caricaturista Julio César González (Matador), la periodista Vanessa de la Torre y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Andica fue condenado  a 38 meses de prisión y a una multa de más de seis salarios mínimos.

Finalmente, la Fiscalía continuará investigando los 8 procesos que están en juicio, y los nueve que se encuentran con imputación de cargos. 

Todos están relacionados con hechos cometidos entre octubre del 2017 y octubre del 2018.

Entre las víctimas relacionadas a estos hechos se encuentran defensores de derechos humanos, servidores públicos, reclamantes de tierras, integrantes de organizaciones políticas y periodistas, entre los que están Luis Carlos Vélez, Claudia Gurisatti y María Jimena Duzán.

Entre las estrategias para judicializar amenazas contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y periodistas están: el desarrollo de un protocolo para investigar amenazas, la creación de un grupo de trabajo conformado por fiscales, investigadores y analistas en articulación con la Policía Nacional y la priorización de situaciones y seguimiento periódico de las investigaciones.

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