La Justicia Penal Militar tiene en uno de sus despachos el expediente que da cuenta como el capitán de la Policía Manuel Cubillos, perteneciente al Escuadrón Móvil Antidisturbios, tras accionar su arma de dotación le quitó la vida a Dilan Cruz, quien el 23 de noviembre de 2019 se movilizaba en la capital del país, en el marco del paro nacional.
Si bien la Penal Militar, en principio, debía conocer el proceso por tratarse de un hecho cometido en acto de servicio, en este momento, la puja la debe resolver la Sala Jurisdiccional, luego de que Yenny Medina Pulido, madre del joven fallecido interpusiera una acción legal en la Corte Suprema de Justicia en la que solicitaba que el proceso de su hijo se adelantara en la justicia ordinaria, es decir, que quien asumiera la investigación fuese la Fiscalía General.
En la acción interpuesta por la familia de Cruz mencionaban que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta algunas pruebas que daban cuenta la forma en la que ocurrió la muerte del joven que duró más de dos días en cuidados intensivos luego de que fue impactado en la cabeza con un proyectil de escopeta calibre 12, que es la que generalmente usa el Esmad.
“Dice la actora (Medina Pulido) que al dirimir el conflicto de jurisdicciones que se presentó entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria para investigar las circunstancias en que se produjo la muerte de Dilan Cruz Medina, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas que le fueron allegadas, sino que solo se fundamentó en los testimonios rendidos por miembros de la Fuerza Pública, lo que afectó gravemente sus derechos fundamentales”, decía en la providencia.
Medina Pulido expresó en su documento que las autoridades judiciales dejaron de lado las entrevistas rendidas ante al CTI por Héctor Wilmar Olarte Cancino, Fabián Paredes Aristizabal, Alexandra Paola González Zapata y Angie Lorena Medina Panqueba, activistas de derechos humanos y delegados de la administración distrital para el acompañamiento de las protestas, quienes estaban presentes el día de los hechos y dieron una versión distinta la narrada por los agentes de policía.
“Como por ejemplo que en ese momento no se estaba agrediendo o provocando al Esmad y que fueron éstos quienes alteraron la manifestación pacífica realizando disparos con «armas diferentes a las granadas de aturdimiento y los gases lacrimógenos”, reposa en el documento.
Para la madre del joven fallecido esas pruebas eran relevantes para el caso analizado puesto que demostraban, entre otros aspectos, que la protesta se estaba desarrollando de manera pacífica cuando fue irrumpida por el Esmad.
Bajo ese entendido, la Corte Suprema, además de ordenarle a la Policía suspender el uso de la escopeta con la que le arrebataron la vida a Cruz, le solicitó a la Sala Disciplinaria Jurisdiccional que dirima la competencia entre la Penal Militar y la Fiscalía.
La defensa de la familia Cruz ha mencionado que tras un año de la muerte del joven, hasta el momento el proceso no ha tenido decisiones de fondo. “Un año luchando contra la impunidad. Año en el que el responsable del asesinato de mi hermano Dilan Cruz sigue libre, como si no hubiese cometido ningún delito, sin ser sancionado y el proceso aún está en la justicia penal militar. Nada de justicia, solo impunidad lastimosamente”, aseguró Denis Cruz, hermana de Dilan.
Cruz quien este lunes, a través de sus redes sociales lideró una movilización pacífica para recordar a su hermano, y buscar justicia confirmó que insistirán en el que proceso lo adelante la justicia ordinaria, en cuanto a materia penal se refiere.
Desde lo disciplinario, el 27 de noviembre del año pasado, la Comisión Disciplinaria de la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de Cubillos Rodríguez, y en septiembre de este año la misma Comisión dispuso el cierre de la investigación, como etapa de cierre procesal, a partir de la cual se inicia la evaluación de todas las pruebas para definir la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso.
Durante el mismo mes, el abogado de Cubillos presentó recurso de reposición contra el auto que ordenó el cierre de dicha etapa.
“Dentro del término de ejecutoria, el apoderado principal del investigado presentó recurso de apelación, aludiendo que se le negó la práctica de pruebas y que se la ha impedido acceder al expediente de forma digital”, dijo la Procuraduría.
