En momentos que en el país está en medio del reclamo ciudadano, desde el Congreso de la República se volvió a insistir que sea tramitado un proyecto de ley por medio de la cual se regula la protesta social en Colombia.
En tal sentido el autor del proyecto, el senador conservador, Juan Diego Gómez, recordó que el proyecto, que está engavetado en la Comisión I de esa corporación, define varios protocolos que deben cumplir los manifestantes y miembros de la Policía Nacional, con el fin de garantizar que las movilizaciones puedan adelantarse de manera pacífica y sin abusos de autoridad.
El proyecto busca restringir el uso de capuchas durante las manifestaciones, diseñar una reglamentación para el porte de armas no letales por parte de las autoridades, prohíbe el uso de elementos contundentes para las marchas, las cuales no podrían adelantarse en lugares cercanos a hospitales, medios de comunicación u otras entidades esenciales.
“Es urgente reglamentar la protesta pacífica, es urgente que el Congreso de la República se pronuncie al respecto, que la Comisión Primera del Senado le dé trámite al proyecto de ley que se encuentra radicado allí”, manifestó Gómez, quien recordó que la iniciativa está radicada ya va ser un año pero no arranca en su discusión.
Gómez destacó que si bien la protesta es un derecho legítimo y válido, “el Congreso debe reglamentar cuanto antes esas reglas de juego y establecer las condiciones para que se pueda desarrollar de manera pacífica”.
Frente a la demora en el trámite, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, reconoció que no ha tenido discusión y que se espera agendarla en las próximas semanas.
Pinto además sostuvo que “la protesta social es un derecho legítimo de los colombianos, pero hay que hacerla de manera pacífica. Hay que rechazar todos los actos delictivos, hurtos, saqueos, quemas, agresiones, daño al patrimonio público y privado de todos los colombianos, así no se hace la protesta”.
