La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, pidió a la Corte Suprema de Justicia estudiar “la viabilidad” de nombrar un fiscal ad hoc para que asuma la investigación por el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
Riveros hizo la petición a la Corte Suprema luego de que una red de veeduría presentara una recusación en su contra para que se apartara de la investigación y se designe un fiscal ad hoc.
“A raíz de una recusación interpuesta por una veeduría he solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre ese tema para conocer su posición sobre la viabilidad de que así sea”, dijo Riveros a periodistas.
Según la Red de Veedurías Ciudadanas, Riveros debe dejar el caso por haber manifestado su opinión sobre la investigación y por su cercanía con el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
La solicitud de Riveros se conoce en momentos en que Martínez está en el ojo de la tormenta porque supuestamente sabía de la corrupción de Odebrecht en el país.
Esta semana el noticiero Noticias Uno emitió una entrevista grabada en agosto pasado con Jorge Enrique Pizano, interventor de la obra Ruta del Sol II, y considerado testigo clave, que falleció de un infarto el pasado 8 de noviembre.
Tres días después su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, que había regresado de España a Colombia para asistir al sepelio de su padre, murió envenenado con cianuro.
En la entrevista, Pizano denunció que el hoy fiscal Martínez conocía desde 2015, cuando era abogado del Grupo Aval, del que hace parte Corficolombiana, supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II.
La Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) estaba involucrada en la obra a cargo de Odebrecht por medio de Episol, otra empresa del Grupo Aval.
Sobre los señalamientos Martínez asegura que hay una conspiración para desacreditarlo a él y a la Fiscalía y niega que haya conocido de algún delito cuando era abogado del Grupo Aval.
Duque descalifica indemnización
El presidente Iván Duque calificó como “una vergüenza” la oferta de 106.000 millones de pesos que la brasileña Odebrecht hizo al Estado como indemnización por los perjuicios causados por corrupción y para frenar los procesos en su contra en el país.
“Lo que ha ofrecido, primero, es una vergüenza, eso es una vergüenza, y además claramente lo que ha ocurrido con esa empresa es que violó el régimen de competencia cuando además sobornó”, manifestó Duque.
El 6 de noviembre, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría rechazaron de manera unánime la oferta económica que hizo la multinacional, la tercera de la compañía desde que se abrió el caso.
Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
