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Martes, 30 Julio 2019 - 5:08pm

Víctimas de desplazamiento reclaman presencia del Estado

El panorama en las comunidades étnicas y afro, afectadas por este flagelo, es desolador.

Colprensa
Gloria Stella Ortiz, Presidenta de la Corte Constitucional.
/ Foto: Colprensa

El panorama de desplazamiento forzado a comunidades étnicas y afro es desolador, una prueba de ello, fue el llanto de un padre por la muerte de su hijo. Esta escena se vivió en una sala de audiencia en la Corte Constitucional este martes.

Se llama Hermes, de tez negra, y empezó su intervención con un saludo indígena que los occidentales no suelen entender. Dijo que su hijo de cinco meses falleció esperando un ambulancia que nunca llegó, esto debido a que en el pacífico colombiano, lugar donde vive, no cuenta con vías de acceso.  

El hombre es uno de los más de cinco representantes del pacífico colombiano que se dieron cita en el Palacio de Justicia con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Diana Fajardo y la presidenta de la corporación, Gloria Stella Ortiz, además de delegados del Gobierno.

En esta ocasión, el alto tribunal quería escuchar de viva voz lo que sucede en Guapí, Timbiquí, López de Micay, Santa Barbara de Iscuandé, El Darien, Riosucio, entre otros municipios que hacen parte del pacífico que están condenados a vivir en medio de la minería ilegal, el narcotráfico y los constantes enfrentamientos entre bandas criminales y la Fuerza Pública.

La diligencia que tardó cuatro horas contó con la participación de Hilda Nayibe Hurtado representante del Pacífico Nariñense que llegó en la noche de este lunes a la capital.

La mujer empezó haciendo un diagnóstico de Tumaco, Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, Magui Payán, Roberto Payán y El Charco, municipios de Nariño que suelen estar afectados por el incumplimiento de los programas del acuerdo de paz, el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato, los enfrentamientos entre bandas, el reclutamiento forzado y la inmersión de los menores a labores de inteligencia.

Dice que estos hechos son el pan de cada día, sumado al confinamiento, las restricciones de la movilidad, el desplazamiento forzado y la instalación de minas antipersonas por cuenta de los grupos al margen de la ley.

Son el ELN, las disidencias de las Farc y otras bandas de delincuencia común por las que, según Hilda, se ha aumentado la violencia en su región, sin embargo, aseguró que con estas situaciones han convivido desde que tiene uso de razón, así como también con la ausencia del Estado que a su juicio, ha sido el responsable que aumenten las necesidades básicas en zonas perífericas y rurales.

A esta voz se suma Juan Pantoja Cuero, representante del Pacífico Caucano, quien aseguró que una vez nació el acuerdo de paz su comunidad llegó a pensar que habría cambio, sin embargo, esto tan solo se quedó en ilusión. “Nos han convertido en sujetos victimizados”, argumentó en su intervención.

Aseguró que continúan las afectaciones por parte del Eln, las disidencias de las Farc, exactamente de los Frentes Tercero y Primero, quienes son los responsables de confinamientos y desplazamiento forzado.

Pantoja, así como Hilda, consideró que la precaria y ausente presencia del Estado en su región aumenta la inseguridad.

“No hemos tenido respuesta sobre medidas de prevención. La ausencia del Estado es sinónimo de inseguridad, se requiere fortalecer la institucionalidad. Ha faltado acompañamiento de las autoridades”, señaló en los 10 minutos que le otorgaron los magistrados para hacer su intervención.

Por su parte, Mario Angulo representante del Pacífico medio, dijo que en Buenaventura -centro del pacífico- existe la Columna Jaime Martínez y el ELN, más no la presencia del Estado.

En su intervención hizo un llamado a que cese la minería ilegal, dijo que, si bien Buenaventura es uno de los puertos más importantes del país en razón a la economía y comercialización de productos de mar hacia el centro del país, no pueden garantizar que exista buena calidad en ello, pues la minería ilegal deja como resultados altos grados de mercurio que se alojan en el pescado.

En su intervención sacó a colación su preocupación por los menores de edad, que en esa zona suelen verse acaparados por los lujos que brinda la economía ilegal por lo que no descartan meterse en el mundo del crimen.

“Nunca le ponen un arma pero la situación económica que ellos generan los persuaden. Durante los últimos días 30 jóvenes fueron reclutados 15 de ellos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas y cuatro en enfrentamientos con la fuerza Pública”, dijo.

Por cada una de las denuncias expuestas, los representantes hicieron un llamado a la Corte y a los miembros del Gobierno.

El primero de ellos es que se cumplan las sentencias emitidas por el alto tribunal y la segunda, y no por esto menos importante, que el Estado vuelque su mirada a esos lugares que hoy padecen inseguridad y abandono.

“Estamos preocupados porque no hay enfoque étnico. No hay asistencia y atención. Los desplazamientos hoy no tienen ese doliente constante para poderlo atender. La reubicación y el retorno no se registra, los retornos no se están dando porque no hay confianza en la Fuerza Pública”, expresaron públicamente.

Coincidieron en que “no hay garantías y seguridad. A menudo se afectan los derechos económicos, sociales y culturales. El primer obstáculo que vemos es la falta de institucionalidad”.

Añadieron que el Gobierno debe generar espacios para hablar de plan de protección preventivo, “esta es la mejor herramienta. Las alertas que genera la defensoría son dicientes”.

El análisis de la Defensoría

Más de 100 misiones humanitarias ha hecho el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en su recorrido por el país y en ellas ha encontrado situaciones de riesgo tales como minería ilegal, narcotráfico, migrantes y ausencia del Estado, como bien lo denunciaron los representantes de los departamentos.  

Negret aseguró que desde la entidad que dirige han emitido 19 alertas tempranas en lo corrido de este año, en el cual se han alertado 27 municipios en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

En su recorrido también ha encontrado que las disidencias, el ELN y al menos 17 nuevos grupos ilegales son quienes están arrebatando tranquilidad a los habitantes de esas regiones del país.

“La paz no llegó a estos departamentos. Las comunidades afro tenían ilusión que si se iba a dar pero no pasó”, dijo y añadió que en los municipios que ha visitado no hay 4G, ni hay calles pavimentadas.

Sobre los constantes confinamientos que se registran por cuenta de las bandas dijo que ese fenómeno era “algo no existía en la narrativa en Colombia y el Clan del Golfo y el ELN lo están haciendo en Chocó, donde al menos han dejado más de 100 familias desplazadas”.

Le preocupa al Defensor que además de todo ello, el Estado no ha reparado a las víctimas y lo que también termina siendo grave que, al menos 13.521 líderes sociales estén amenazados en Colombia.

“Los Gobiernos toman cifras de Naciones Unidas pero estos se quedan corticos en verificar como lo hacemos nosotros con los líderes. Por esto debe existir una política pública, los comités de justicia transicional que no han funcionado para coordinar los planes preventivos”, argumentó.

Señaló que debe haber un plan prioritario de la situación en la Unidad de Víctimas, de esta manera sería posible atender las necesidades. Añadió que el Ministerio del Interior debe hacer trabajo con los alcaldes locales para manejar planes de acción territorial.

Colprensa

@Colprensa

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