Hoy terminan ocho años presidenciales de Juan Manuel Santos, con bajo nivel de popularidad, lo cual contrasta con su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien termino con aceptación a su gobierno del 80 por ciento. Los antecesores de Uribe, Andrés Pastrana Arango y Ernesto Samper Pizano, terminaron sus gobiernos con popularidad de 32 y 20 por ciento, respectivamente. La popularidad de Juan Manuel Santos, según una encuesta de Yanhaas, de junio de 2018, llega solo al deplorable 14 por ciento.
 
Cuando Juan Manuel Santos anunció al país su intención de dialogar con las Farc y, además, comunicó que los contactos estaban avanzados, gracias a su hermano Enrique, todos los colombianos estuvimos de acuerdo, con algún sector de la población reticente.
 
Pero hay que aclarar que una cosa es el denominado “Proceso de paz”, el cual tuvo una aceptación mayoritaria en la población, y otra muy diferente son las negociaciones derivadas del mismo. Y es en este último punto donde muchos colombianos empezaron a cuestionar los diálogos de La Habana al filtrarse concesiones generosas del gobierno a su contraparte y no se sabía nada de la reciprocidad. 
 
Al ser consultado sobre este tema el abogado español Enrique Santiago, asesor de las Farc en las negociaciones, contesto: “Y qué más quieren, el solo hecho de sentarse a dialogar es suficiente”. Y nos impusieron un catálogo que el Estado colombiano debe cumplir. Podríamos decir que es lo que los civilistas llaman un contrato gratuito, aquel que solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, las Farc; o lo que los administrativistas llaman contrato leonino, aquel que es ventajoso para una sola de las partes, las Farc. Todo ello con la aquiescencia del Príncipe y los cortesanos palaciegos, quienes al incluirlo en nuestro Código Superior dicen que no se podrá modificar en los próximos tres gobiernos, es decir, hasta 2030. Olvidan que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, en este caso, a través de otro acto legislativo. Me refiero estrictamente a los ajustes anunciados por  el nuevo gobierno.
 
Siempre se ha dicho que uno de los mayores errores de Santos fue dividirnos entre amigos y enemigos de la paz, lo que no era coherente con su supuesta política pacifista y creó confrontación. Un exministro suyo decía que Enrique era el encargado de las negociaciones y Juan Manuel se ocupaba de cómo obtener galardones internacionales. En fin, el 14 por ciento de popularidad de Santos casi que equivale a que “Con tal de que se vaya, aunque le vaya bien”.   

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La izquierda encabezada por el senador Gustavo Petro tiene organizadas manifestaciones públicas para hoy y los cuatro años siguientes. La Carta del 91, dicen que impuesta por el M-19, el grupo de Petro, preceptúa que esas manifestaciones deben ser “pacíficas” y sólo “la ley podrá limitar el ejercicio de este derecho”, lo que significa que el nuevo ministro de Defensa, doctor Guillermo Botero Nieto, no está tan despistado al anunciar su reglamento.