Una de las muestras de mayor ineficiencia del Estado, se ha podido comprobar en lo que hace relación con el funcionamiento del sistema Uber, la plataforma digital que ha revolucionado el transporte público en la modalidad de taxis.

Resulta increíble que en cinco años de operación, el gobierno no haya tenido la capacidad para imponer su autoridad y fijar los criterios que permitan que la prestación de un servicio en adecuadas condiciones pueda ser legal.

Todo ello se ha debido al miedo que se siente frente a la protesta de los taxistas tradicionales, que nunca quisieron modernizar su actividad, que se negaron a asimilar la tecnología y que siempre hicieron caso omiso a los reclamos constantes por la mala prestación del servicio y por el mal trato de quienes lo prestan, además de los dolorosos casos de delincuencia representados en los “paseos millonarios”.

Uber ha significado el rescate de la confianza en un sistema de transporte, y además ha estado ampliando su base de oferta a través de otras alternativas como la incorporación de carros particulares, el servicio de automóviles de lujo, los domicilios, y la modalidad de viajes compartidos, y en estos momentos desarrolla otras líneas que abarca el alquiler de bicicletas y el transporte de carga.

En un Estado de derecho, que debe ofrecer la garantía de la libre competencia para garantizar de esta manera la eficiencia de los servicios, duele que se apliquen políticas sectarias y abiertamente intencionadas para favorecer a un sector que no lo ha merecido, por negarse a salir de su nivel de ineficiencia.

Duele observar el deplorable espectáculo en donde los policías de tránsito hacen toda clase de malabares para sorprender a los conductores de Uber y aplicarles jugosas multas, simplemente porque están atendiendo de manera eficiente un servicio público como es el de trasporte.  

Esta situación no pude dar mas espera. Ahora el gobierno les dice que desde el 1 de julio de 2018 deben pagar IVA, y ellos de inmediato aceptan el requerimiento; sin embargo les comunica también que son ilegales y los persiguen sin contemplación.

Estos son los ejemplos de los absurdos estatales, y lo que es peor, de la falta de autoridad para fijar las políticas que mejor favorezcan a la población, por miedo a tener que soportar las reacciones de los privilegiados, seguramente con claros intereses políticos.