El gobierno Duque reconoció el clamor de la universidad pública, que ninguno de los gobiernos anteriores, ocho años de Santos, ocho años de Uribe, cuatro de Pastrana y cuatro de Samper, quisieron reconocer. La Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” se limitó a tratar de organizar la universidad napoleónica tradicional, formadora de profesionales idóneos, pero ajenos a la realidad cultural, económica y política  del mundo y del país.  Ese tipo de universidad de la que los mismos franceses se habían separado en el siglo XIX, se ha mantenido en Colombia a través de la Ley 30, complementada por la Ley 1188 de 2008 que tan sólo convirtió en ley los decretos de aseguramiento de la calidad expedidos por el Ministerio de Educación Nacional desde 2005. 

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, con mucha razón aseveraba en una reciente entrevista con Yamid Amat, que hay un principio de acuerdo para asegurar que el déficit de 15 billones de pesos que representa la no aplicación del artículo 87 de la Ley 30, que reza: “A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto” se recupere en los próximos años, ya que, en vez de cumplir con lo ordenado, el presupuesto se ligó al incremento del costo de vida, manteniendo así el mismo ingreso real e impidiendo toda posibilidad de crecimiento. Pero luego decía Montoya: “Es más importante aún cambiar el modelo de universidad napoleónica que mantenemos”. Esta es una necesidad incontrovertible. No podemos seguir formando profesionales de acuerdo a los estándares de mediados del siglo XX para afrontar el mundo de siglo XXI. La mesa de diálogo y concertación en la que participa el gobierno, los profesores y los estudiantes de las universidades públicas tiene entre sus objetivos el llegar a acuerdos para convertir la Educación Superior en una política de Estado y no en una política de gobierno que puede ser aceptada o no por el de turno. Uno de sus objetivos tiene que ser el cambiar el modelo de universidad colombiano.

La Ley 30 organiza el servicio público de la Educación Superior. El servicio existente.  Es una ley para la formación de profesionales que tangencialmente en dos o tres artículos se refiere al posgrado, base del desarrollo, la investigación y la innovación en los países desarrollados. Los primeros dos títulos, hasta el artículo 56 inclusive, aplican a la universidad en general, no a la universidad estatal. El título tercero se refiere al régimen especial de las universidades del Estado y de las otras Instituciones de Educación Superior estatales u oficiales. El título cuarto desarrolla el tema de las instituciones de Educación Superior de carácter privado y de economía solidaria. Los dos títulos finales se refieren al régimen estudiantil y a disposiciones generales. Como se puede ver, la Ley 30 no es la ley de la universidad pública, sino la ley que “organiza el  servicio público de la Educación Superior”, servicio que el sector privado puede y debe proveer con los mismos criterios y normas que el sector oficial.  Que esto es así, lo confirma el Sistema de Información de la Educación Superior (SNIES) que, para mayo de 2016, reportaba que  en Colombia había 589.381 estudiantes en las 31 universidades públicas y  539.704 en las 51 privadas.  

Como decía el filósofo Guillermo Hoyos y recientemente lo repetía Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, la diferencia no debe ser entre la universidad pública y la universidad privada sino entre la universidad de calidad y las otras universidades.  No puede ser que una vez concertada la recuperación del déficit histórico de financiamiento de la universidad pública, la universidad privada de calidad no esté presente en el debate sobre la reestructuración de la universidad para atender las necesidades de la sociedad del conocimiento.  Para 2016, había 39 universidades acreditadas de alta calidad, de las cuales  14 eran oficiales y 25 privadas. Esto implica que la universidad colombiana cuenta con instituciones de muy alta calidad que en los rankings de las mejores universidades no distinguen entre públicas y privadas.  De aquí la necesidad que en las mesas de concertación se encuentren los rectores de las universidades privadas de alta calidad y que el Consejo de Educación Superior (CESU), que tiene la obligación legal de orientar la Educación Superior y en el que se encuentran representantes de las universidades privadas y oficiales, haga presencia en esa mesa de diálogo y concertación.  Superado el problema presupuestal de la universidad pública, ahora debemos dedicarnos a construir una universidad para el futuro.