Hablar de la crisis de la justicia en Colombia se ha vuelto un tema recurrente cuando se trata de analizar el sistema judicial, desde el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales que ejercen los jueces y magistrados hasta la organización y el gobierno de la Rama.
Mucho se ha dicho sobre los males que aquejan a la justicia y de hecho se tienen identificados cuales son los problemas estructurales que padece, sin embargo cuando se busca una cura a través de reformas, los esfuerzos se centran en el gobierno de la Rama Judicial y algunos aspectos relativos a la estructura y funciones de las altas cortes.
Los fracasos de las reformas que se plantean en cada gobierno tienen un mismo origen, no se llega a un consenso con los directamente afectados con los cambios en el sector judicial, no porque se tenga que pedir autorización de quienes van a ser reformados, más bien porque el procedimiento de los actos legislativos establece un control en las cortes.
Esas iniciativas se han dedicado a reestructurar la cúpula de la Rama, dejando de lado las dificultades de los usuarios en el ejercicio diario de acceder a la administración de justicia. Se preocupan por el periodo de los magistrados, sus funciones electorales y forma de vinculación, que no resuelven aquellos que generan una imagen negativa de la Rama y la falta de confianza del ciudadano en sus jueces, como son la disminución de los tiempos procesales, falta de acceso a personas de escasos recursos, impunidad y transparencia de los servidores judiciales.
La reforma que el Ministerio de Justicia radicará en el Congreso, para el periodo legislativo próximo a comenzar, está enfocada en lo mismo: inhabilidades para que los magistrados de altas cortes no se postulen a cargos de elección popular durante los cuatro años siguientes a la terminación de sus funciones, el precedente judicial, facultades para elegir auditor y procurador, cambios en la organización y denominación del Consejo Superior de la Judicatura y designación, requisitos y aumento del periodo de los magistrados. Contempla otro aspecto que ya se había considerado en anteriores proyectos referente a las facultades que se otorgarían a notarios y centros de arbitraje para ejercer funciones jurisdiccionales en casos excepcionales.
La mayoría de los asuntos que se requieren para mejorar la justicia, acorde a las necesidades del país, se lograrían sin el trámite de un acto legislativo que es dispendioso, con el riesgo de ser declarado inexequible por sustituir la constitución. A través de una ley estatutaria podría encontrarse la solución para los problemas cotidianos de la justicia como la mora en la resolución de conflictos, sistemas tecnológicos insuficientes y obsoletos, falta de garantías procesales para las víctimas, inseguridad jurídica y congestión en los despachos, entre muchos otros.
El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, crear una jurisdicción constitucional que se encargue de resolver las acciones constitucionales y especialmente las tutelas, que son las que generan mayor congestión, y definir una política criminal clara que atienda las necesidades de la ciudadanía son opciones que deben ser observadas para responder a las exigencias de los colombianos que piden una justicia eficiente y oportuna.
@WilsonRuizO
