La universidad pública tiene que ser estimada como uno de los bienes de mayor relevancia de la nación y su defensa y preservación corresponde a todos y no ocasionalmente sino con la constancia y la continuidad necesarias a fin de no dar lugar a vacíos que podrían generar riesgos de desvíos.

La movilización nacional el pasado miércoles como exigencia al Gobierno de destinación de los recursos suficientes para atender como tiene que ser el buen funcionamiento de los establecimientos oficiales de enseñanza superior fue un primer paso de importancia, al cual deben seguir otros con el mismo aliento. 

Es una causa común por la salvación de un patrimonio fundamental para el desarrollo del país.

Pero los recursos que se asignen a las universidades tendrán que ser utilizados para el fortalecimiento académico y el bienestar de su comunidad. 

Los programas de investigación científica recibirían el apoyo requerido y el acceso a las diferentes vertientes del conocimiento contaría con posibilidades ciertas. 

Es salir de las limitaciones acumuladas a que han llevado manejos descomedidos amarrados a prácticas provenientes de la politiquería y hasta de la predominante corrupción, siempre ajena a los objetivos asignados a la educación en su nivel superior.

Los estudiantes y los docentes que tomaron parte en la marcha del miércoles lo hicieron con demostrada decisión. 

Lo cual pone en evidencia una voluntad de cambio tendiente a sustraer a la universidad pública de ese entramado de conductas que contrarían su misión académica. Esta posición es consecuente con la demanda de destinación de recursos a la medida de las necesidades identificadas. De nada serviría aumentar los presupuestos si no se garantiza un correcto manejo de los mismos. Porque seguir al ritmo del vaivén deleznable de lo ilícito sería cohonestar nuevos desatinos y consiguientes frustraciones.

Hay que tomar en cuenta que las estrecheces de las universidades no solamente provienen de las limitaciones en que se encuentran los recursos destinados a su funcionamiento. En buena parte es el resultado del mal manejo, como es convertir una institución de enseñanza superior en una especie de hacienda particular en detrimento de las exigencias académicas.

Contaminar las universidades de los tóxicos propios de la politiquería es una falta grave, pues pone la academia en un rumbo tormentoso. La consecuencia es nefasta, como ya se ha comprobado en varios departamentos de Colombia en los cuales la universidad oficial se ha amarrado al interés particular mediante negocios acomodados a operaciones de enriquecimiento ilícito y a otras prácticas perversas.

Pueda ser que este movimiento en defensa de la universidad pública tenga la dinámica que exigen los objetivos trazados. Consolidarlos será un triunfo para todos. Porque contar con universidades de fortaleza académica sostenible es poner a Colombia en el ranking de la excelencia académica.

Puntada

Sobre Santurbán ya no debieran flotar tantas vaguedades. ¿Cómo no entender que se trata de una reserva natural cuya protección tiene mucho que ver con la vida de una comunidad numerosa? Nada justifica no acertar en las decisiones que se tomen.