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Por: Calixto Cortés
Miércoles, 2 Agosto 2017 - 3:21am

Educación, ética y desarrollo

Cuando una sociedad entiende el valor de educar con calidad se llega pronto a la investigación y desarrollo. 

Entre los múltiples indicadores de lo que se entiende por un país subdesarrollado hay al menos dos que son contundentes: la baja inversión  en educación y en investigación y desarrollo. Tenemos una educación primaria y secundaria muy pobre en lo público, de baja calidad,  y muy costosa en lo privado y que solo una élite puede pagar. En la escasa educación superior pública de calidad los cupos no alcanzan y las pocas universidades privadas con ética académica son de precios exorbitantes para el 85% de los colombianos.  

Por poner un ejemplo en el área de la formación jurídica, un ranking internacional acreditado para 2017  tiene a la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile como la mejor de Latinoamérica, seguida de una de Sao Paulo. En quinto lugar aparece la U. de Los Andes de Bogotá, undécima la Javeriana y decimosegunda la U. Externado, las tres privadas. Ahora, según la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, es preocupante que de los 137.948 estudiantes de Derecho que estudian hoy pregrado, solo el 28% tendría una formación de calidad. La experiencia  señala que en la  mayoría de los casos de faltas a la ética profesional hay una relación causal entre “deficiente formación académica” y “faltas a la ética profesional”; en Colombia cada año se excluyen definitivamente del ejercicio de la profesión de la abogacía, en promedio, a tres personas, otras 70 son suspendidas en dicho ejercicio (suspensión que oscila entre dos meses y tres años, según el caso) y alrededor de 28 son censuradas o multadas. Así, en los últimos 25 años más de 400 abogados (as) han sido excluidos de la profesión, unos 8.500 suspendidos y otros 7.000 censurados. Jueces y fiscales han sido sancionados en una menor proporción, a pesar de los recientes escándalos públicos.  

Una acertada reforma a la justicia debe comenzar por una sólida formación jurídica desde las aulas, pero incluso ni siquiera desde las aulas de la facultad, sino desde las aulas de primaria y secundaria en las que los niños y jóvenes aprendan a pensar, a escribir, a leer, a redactar, argumentar, a sintetizar, pues una malformación temprana en aspectos tan vitales no solo impide cambios culturales sino, peor, como en las malformaciones genéticas, tragedias individuales y silenciosas. 

Decía el actual ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, un apasionado de la educación por convicción, de Latinoamérica y en especial de Colombia, admirador  del acuerdo de paz, que su prioridad en Francia “es la escuela primaria” porque “si queremos luchar por las desigualdades tenemos que empezar con los niños, porque la primera inequidad es de vocabulario. Cuando los niños llegan a la escuela a los 3 años ya existe una inequidad en la medida que unos tienen más vocabulario que otros por las condiciones familiares…” (El Tiempo, 11 de julio, pág. 11).   

Cuando una sociedad entiende el valor de educar con calidad se llega pronto a la investigación y desarrollo. Finlandia destina a este factor el 4,04% de su PIB, Alemania el 2,86 y Europa en promedio el 2,03.  Estados Unidos destina el 2,74, China el 2,1, Japón el 3,6% y Corea del Sur que hace algo más de 30 años era un país subdesarrollado y ahora una potencia económica, el, 4,3%. En nuestra región, Brasil invierte el 1,15, Chile el 0,38 % y nosotros el 0,23, según datos de 2014, en medio de las conversaciones de paz con las Farc, que hasta ahora han significado el mayor paso en los últimos 50 años en la búsqueda de un mejor país, así los árboles dificulten ver el bosque. 

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