Mediante acto legislativo de noviembre de 1910 el Congreso de Colombia abolió la pena de muerte.
Esa decisión de estirpe liberal le desató al país la soga que llevaba a los condenados a un final de suplicio letal.
Sin duda, fue un avance judicial y de reconocimiento del derecho a la vida.
En el siglo XIX, ya constituida la República, también se había abolido otro aberrante ultraje a la existencia humana: la esclavitud, de la cual se lucraron los verdugos del colonialismo, dedicados a la trata de personas como un comercio perverso de cuantiosa utilidad, sin que importara el sufrimiento de las víctimas.
Esa travesía la padecieron los de etnia afro.
Sin embargo, la pena de muerte y la esclavitud todavía tienen réplicas en Colombia mediante diferentes formas de violencia y de discriminación racial.
Los homicidios por impulsos del sectarismo partidista, los llamados ´falsos positivos´, las operaciones de exterminio de los grupos armados ilegales, o de miembros de la fuerza pública oficial, configuran acciones criminales casi siempre de intención política o de motivaciones relacionadas con intereses económicos articulados a la propiedad de la tierra.
Son actos recurrentes, con efectos desastrosos en toda la nación, por el deterioro de la convivencia y, en general, de la paz.
En los años 90 del siglo pasado se consumó el extermino de la UP.
Casi todos los dirigentes y buena parte de los militantes de ese partido fueron perseguidos y eliminados a sangre y fuego. Algo semejante a la violencia entre los años 40 y 50 del siglo XX, cuando el sectarismo entre los Partidos Liberal y Conservador alcanzó niveles de horror.
Está, de otra parte, el capítulo de guerrilleros y paramilitares en sus diversas escaladas, con acciones atroces de violencia. Más la carrera criminal de quienes obran como brazo armado del narcotráfico. En medio de esas estructuras se han movido militares y policías de diferentes grados para hacer su aporte en ese remolino de violencias. Muchas veces lo hacen como cómplices o aliados, sin que se advierta voluntad alguna de cerrarles espacios a tan sórdida delincuencia política.
Durante los períodos presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2014-2018) Colombia dio el salto histórico de la paz mediante el acuerdo con las Farc, que puso fin al conflicto armado de medio siglo atizado por esa organización. Pero tras la desmovilización de sus combatientes surgió una nueva tormenta: el exterminio de los líderes sociales, dirigentes con dedicación a la defensa de los derechos humanos, o de las tierras de propiedad de los campesinos, o de sus vidas. Los asesinan todos los días, como en cumplimiento de una consigna implacable. Los seleccionan por las causas que asumen, los persiguen con sevicia ante la indiferencia oficial. Como para disfrazar la falta de rigor en el seguimiento de los victimarios, algún alto funcionario escribe una declaración anunciando un control que nunca llega. Y los líderes sociales siguen muriendo en medio de la pasividad de los que mandan.
Puntada
El acto de terrorismo en la Escuela General Santander, en Bogotá, debe recibir el rechazo unánime tanto de los colombianos como de toda la comunidad internacional. Es la violencia extrema contra la cual hay que luchar y ante cuya realidad la causa de la paz adquiere validez. Así como se condena la atrocidad cometida en la institución policial se debe hacer cuando se matan líderes sociales. Es el mismo mal y hay que aplicar igual rasero.
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