La Constitución política de Colombia consagra el derecho a elegir y ser elegido, que es parte de la dinámica de la democracia participativa. El artículo 40 de la Carta dispone:
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1-Elegir y ser elegido.
2-Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3-Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4-Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5-Tener iniciativas en las corporaciones públicas.
6-Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7-Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse”.
La norma constitucional ofrece amplitud para la participación ciudadana en la asignación de los cargos de elección popular, desde los cuales se toman las decisiones que tienen cobertura sobre toda la población.
Por eso es tan importante que la voluntad popular responda con acierto al interés colectivo en la provisión de los cargos de gobierno (Presidencia de la República, Gobernaciones, Alcaldías) o los que corresponden a las corporaciones donde se legisla (Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos, Juntas Administradoras Locales).
Cuando el elector introduce su voto en una urna está contribuyendo a una decisión colectiva, con la cual se trazará el rumbo de una administración. Es una decisión que puede generar posibilidades positivas en el manejo de los recursos públicos o convertirse en un botín receptor de todo lo que puede conseguirse mediante la corrupción y en beneficio exclusivo de quienes controlan ese entramado.
Elegir implica una responsabilidad que no puede subestimarse. Se debe tomar en cuenta la calidad de los candidatos a los cargos de elección popular: el conocimiento que tengan de los asuntos de Gobierno, sus propuestas, los compromisos que les imponen sus relaciones de distinto orden, sus antecedentes, su talante personal, sus ideas en lo atinente a temas fundamentales de interés público.
Una de las exigencias perentorias para garantizar la legitimidad del voto es su transparencia, o sea, que esté libre de alguna atadura fraudulenta. Un voto comprado le resta integridad y resquebraja el acto democrático. Las dádivas mediante entrega de mercados u obsequios de otra índole son estímulos tramposos.
Conviene que los dirigentes políticos o los candidatos estudien y se preparen respecto a los asuntos que serán de su manejo. Es mejor que tengan idoneidad y puedan probarse en cualquier escenario de competencia pública. Esto vale mucho más que la capacidad de intriga, de trampa o de abuso de poder. Porque de lo que trata es de administrar para solucionar problemas y construir condiciones de progreso y bienestar para los gobernados. Es lo que se espera en una democracia.
Puntada
Pueda ser que lo prometido por el presidente Iván Duque a Norte Santander no se quede en la intención y se convierta en ejecuciones que saquen al departamento de tantas debilidades y le den fortaleza a su economía y al desarrollo social, con un aporte a Cúcuta a la medida de su emergencia.
