Es cuando menos paradójico que quienes han gobernado a Colombia tengan la desmedida posición de obstruir un proceso de paz que le quita al país gran parte de la guerra en que ha estado sumido durante más de medo siglo. 

Para ellos, la norma de la Constitución, según la cual “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, no cuenta.

Pero el derecho y el deber con respecto a la paz no se reducen a la firma de un acuerdo de cese al fuego. Es la construcción permanente de una sociedad libre de los factores generadores de violencia. 

Aquellos que nacen de la desigualdad, de la falta de oportunidades para el trabajo y el desarrollo del talento humano.

Tienen que tomarse en cuenta ese conjunto de Derechos fundamentales consagrados en la Carta:

“Artículo 11-El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

“Artículo 12-Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

“Artículo 13-Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados y marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física omental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

La paz tiene que consolidarse como un sistema de seguridad de plena estabilidad, donde no encuentren espacios los grupos criminales de mafias u otras organizaciones ilegales. Ni los carruseles de la corrupción o los que abusan del poder.

La protección de la vida debe garantizarse contra todas las formas de agresión de cualquier procedencia, a fin de que no se repitan las escaladas de la guerrilla, o las acciones de los paramilitares, o las ejecuciones extrajudiciales de agentes del Estado, como lo fueron los llamados “falsos positivos”.

Colombia tiene que erradicar todas las fuentes que alimentan el crimen. Conjuntamente con la desmovilización de las guerrillas tienen que desmontarse las otras estructuras dedicadas al exterminio de líderes sociales, o a la persecución de dirigentes políticos que no están alineados con el oficialismo.

Estigmatizar a las personas por sus ideas, por su etnia, por su tendencia sexual, o su clase social promueve la violencia y se presta y puede convertirse en caldo de cultivo de conflicto armado. Es como jugar a la guerra.  Por eso hay que insistir en “enseñar la costumbre de la paz”.

Los que son proclives al revanchismo agresivo no miden los estragos colectivos que provoca ese empeño. A ellos hay que reeducarlos para la paz e infundirles fervor y respeto por la vida.

Puntada

El fanatismo fervoroso y dogmático de algunos colombianos en apoyo a la oposición venezolana contra el Gobierno o régimen de Nicolás Maduro los ha llevado a un rumbo errático y les ha hecho perder la noción de la realidad de Cúcuta, como escenario fronterizo. Se agravan los problemas locales y es como si nada. Y hasta se maquilla la crisis, como lo hace la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.