Colombia está dando pasos seguros en una serie de decisiones colectivas que lo posicionan como una nación progresista y acorde con los imperativos actuales de una sociedad incluyente.
El hecho de haber establecido el derecho de morir dignamente, sentencia T-970/14, la donación de órganos que faculta en forma directa acceder a una operación para salvar la vida de una persona con un órgano de otra fallecida, sin la férrea negación de los familiares, la legalización de la marihuana para fines médicos y el matrimonio civil entre parejas homosexuales con validez desde el 28 de abril de 2016, demuestra la madurez mental, abierta que está adquiriendo nuestro país.
En este último aspecto de las uniones entre miembros del mismo sexo, todavía se observa escozor dentro de las mentalidades sicorrígidas o conservadoras que manifiestan su inconformidad por este acto contra “natura” como ellos mismos los describen.
La reciente polémica desatada en el congreso, donde el referendo que había liderado la congresista Viviane Morales en contra de la adopción mono y homoparental fue rechazada en la Comisión Primera de la Cámara y archivada, es una clara demostración de la política de igualdad que debe tener una democracia.
Lo anterior, no significa que la nombrada congresista junto con su esposo cristiano Carlos Alonso Lucio desfallezcan ante la iniciativa. Ya citaron para un plantón la próxima semana donde esperan contar con la presencia de los más de 2 millones de ciudadanos que firmaron esa petición. Es una estrategia que esgrimirán como último salvavidas en este proyecto.
Un proyecto considerado anticonstitucional, y personalmente fuera de época lleno de prejuicios y discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTI (Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales) y hacia las personas solteras, viudas, separadas que desearan ofrecer un hogar a un niño.
Amparados bajo los preceptos de la fe católica, sus argumentos se fijan en la concepción cristiana de la figura paternal y maternal que constituye la familia nuclear, dejando tajantemente por fuera cualquier otra opción.
Hay un detalle muy importante que olvida la senadora Morales, nuestra constitución expresa muy bien la condición laica y por lo tanto, aunque un gran porcentaje de colombianos profesen la fe católica, las decisiones de ley no deben determinarse por estas creencias.
Aducen, tanto la senadora como su ilustrísimo esposo, que una reglamentación de adopción monoparental u homoparental conduce a la pérdida de valores morales y a la imitación de patrones. Olvidan , sin embargo, que las estadísticas muestran una desintegración familiar y que la mayoría de familias en Colombia, un 51%, no son nucleares sino que son familias extendidas donde un separado luego se une a otra persona separada y lleva a bordo sus hijos, familias compuestas donde los abuelos, tíos, primos y hasta perros conviven dentro de una integración maravillosa, de familias de una sola madre o padre que se encarga de sus pequeños , de padres separados que siguen con su vínculo visceral por siempre para el bien de sus hijos, de parejas homosexuales que ofrecen bienestar y amor fraternal a sus pequeños, sean biológicos o no.
Más allá de consideraciones medievales, debe primar el amor y la fraternidad. A un lado de estas reflexiones, se debe analizar el costo económico que representa un referendo. Se ha estimado que tendría un valor de $ 280.000 millones. Señores senadores, dejen ya de malgastar los bienes de la nación, por algo se dice coloquialmente que:” lo que no cuesta hagámoslo fiesta.” ¿Podemos imaginar lo que pudiera contribuir ese dinero a las necesidades de nuestro país?
Adopción Gay, dos palabras que despiertan controversia, pero que dentro de una relación donde se mantenga el respeto por la individualidad y por la orientación sexual de estos niños, que lógico deben recibir la información correcta, no debe conducir a una catástrofe según estos dos personajes.
