Increíble el despilfarro del dinero del erario público del cual los ciudadanos somos sus protagonistas al cancelar impuestos. En efecto, se ha dispuesto un concurso para los Defensores Públicos,  por un costo de 5.000 millones de pesos, para la designación de estos en el país, cuando se trata de una modalidad de contrato directo permitido por la Ley 80 de 1993, por el corto periodo de trabajo, que es de 14 meses; no tiene presentación ni justificación ese gasto, por cuanto no se trata de asignar puestos en carrera administrativa, sino de contratos simples, generando un gasto para posteriormente recurrir al mismo mecanismo, una vez estén terminándolos.  

Son funcionarios que llevan años desempeñando sus funciones, que consiste en defender los derechos del pueblo, vulnerándose sus derechos, base fundamental de la operación del sistema penal acusatorio.   

Dichas personas se someten a un seguimiento de sus funciones, con auditoría en relación a esos contratos, generando hasta un proceso de selección del mejor Defensor de conformidad a las funciones que les han sido señaladas. 

Ese concurso no genera seguridad a los concursantes de su designación, además de carecer por la modalidad de contratación de prestaciones sociales, con un alto volumen de negocios a cargo de cada defensor público. 

En defensa de sus intereses se han visto obligados a recurrir a una firma de abogados, para la defensa de quienes están en los cargos actualmente, buscando la nulidad del acto administrativo que ordena el concurso.

Si bien el Defensor Público goza de los derechos para ordenar el gasto, carece de sentido común y es sospechoso, acudir a este mecanismo. 

Un concurso de esta naturaleza, sin necesidad, indica que podría estarse transgrediendo elemental principio de moralidad además de no tener soporte jurídico el botar esa suma de dinero, sin justificación de ninguna naturaleza. 

No se encuentra causa justificada para este accionar, donde los contratados cancelan sus seguridad social por no gozar de ninguna clase de prestación, con contratos alrededor de los $4.200.000 pesos, cancelando directamente salud y pensión, que perjudica a quienes prestan actualmente sus servicios. 

Esto conlleva inequívocamente a claro detrimento patrimonial que debe ser investigado por la Contraloría General de la Nación.