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Por: Elisa Montoya
Miércoles, 30 Mayo 2018 - 1:00am

El primer desafío del próximo Gobierno

No menos importante es el tema de la institucionalidad con referencia a la entrada de Colombia en la OCDE.

Cuando se publique esta columna, en Colombia puede haber dos panoramas: Tener un presidente electo para el período 2018 – 2022, o tener una dupla de candidatos para debatirse ‘la final’ en una segunda vuelta. Sin embargo, hay muchos otros temas de qué hablar en los espacios de opinión, además de las elecciones presidenciales, como el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que fue anunciado el viernes 25 de mayo como un gran logro y un éxito diplomático del Gobierno Santos. 

Sin embargo, los análisis frente a esta novedad no son todos del mismo corte triunfalista que el del presidente Santos. Primero, porque los efectos de adherirse a la OCDE no son inmediatos, y segundo, porque dependen de una serie de reformas y compromisos que deben respetarse, a pesar del cambio de gobierno. En el momento en que se escribe esta columna, Colombia está a pocas horas de abrir la jornada electoral más importante del año, es decir, la Nación está a pocas horas de conocer cuál será el sendero que tomará durante los próximos cuatro años, y de eso también dependen los avances del país en la OCDE. 

Es importante entender que el que Colombia se haya convertido en el miembro número 37 de esta organización internacional no es un premio sino un reto para el próximo gobierno, independientemente de su corte ideológico, en tanto que deberá asumir una serie de reformas para mejorar la eficiencia del Estado y la productividad de las empresas, lo que deberá redundar en un aumento del Índice de Vida Mejor (IVM) -un instrumento de medición multidimensional con el que trabaja la OCDE y con el que el país empezará a ser analizado a nivel internacional-.

Además, al gabinete entrante le tocará la misión de triplicar los esfuerzos en, por ejemplo, inversión social, si es que queremos estar a la par de los países de la OCDE, los cuales manejan un porcentaje de gasto público en el rubro social del 21%, una cifra bastante lejana comparada con la realidad actual de nuestro país, donde este mismo gasto sólo llega al 8%. 

Otro ámbito en el que deberá trabajar Colombia tiene que ver con la generación de empleo. El solo hecho de pertenecer a la OCDE ya deja una lección: Haber reducido el desempleo a un solo dígito no es suficiente (9%). Contrario a lo que pregonó el presidente Santos durante su mandato, este no es un gran éxito, simplemente es un avance. 

No menos importante es el tema de la institucionalidad con referencia a la entrada de Colombia en la OCDE. Por el contrario, este podría ser uno de los ejes fundamentales a la hora de promover políticas que efectivamente mejoren el bienestar social y económico de los ciudadanos.

Es importante, como lo mencionaron algunos candidatos en los debates presidenciales, mitigar la inestabilidad jurídica e institucional que se presenta en diversos rubros relacionados con el funcionamiento del Estado, por ejemplo, el sistema tributario, en donde se vive una reforma cada quince meses o menos, lo cual perjudica la imagen del país y afecta directamente la confianza inversionista. 

Lo anterior, también en relación con las buenas prácticas institucionales, motivo por el que Juan Manuel Santos se siente muy orgulloso, tal y como demostró durante su alocución del viernes pasado. Mientras él anunciaba que Colombia ahora es parte de las grandes ligas, en Cartagena se suspendió la elección del alcalde debido a una inhabilidad que pesaba en contra de este. Como se puede apreciar, hay una contradicción total, la cual debe superarse si en realidad queremos hacer parte de las ‘grandes ligas’ o los países más competitivos y con garantías jurídicas para la inversión. 

El pacto oficial de adhesión se firmará el próximo 30 de mayo en París. No obstante, esa no es la meta, debido a que estar en la OCDE representa hacer un esfuerzo multilateral, no con el ánimo de recibir gabelas arancelarias y facilitar trámites comerciales, como sucede en otros organismos en los que se agrupan los países, sino para mejorar las políticas públicas, la gobernanza de las empresas del Estado, y mitigar la corrupción, en aras a lograr el bienestar de los colombianos.

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