Esa expresión del deber ser de la justicia volverá a ser cierta a partir del 7 de agosto, cuando Iván Duque sea presidente, porque los ocho años de Santos pasarán a la historia como el gobierno de la impunidad, en alianza con su exfiscal de bolsillo, con una justicia cuestionada y con sus amigos en el Congreso.
Santos empeñó su palabra en que no habría impunidad en el Acuerdo y en que habría cárcel para delitos atroces, pero diez de los responsables de los peores crímenes en la historia del país se sentarán en el Congreso con todas sus prerrogativas, sin que se hayan presentado siquiera a la JEP, que, de todos modos, les impondrá penas “restaurativas” cuyo cumplimiento tampoco será condición para el ejercicio parlamentario. Impunidad vergonzosa.
El gobierno no solo apoyó la dosis mínima impulsada por la izquierda con Carlos Gaviria hace más de 20 años, sino que acogió la espuria tesis del mismo Gaviria, defendida por Montealegre y luego acogida por la Corte Constitucional, según la cual “la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa y es indiscutible que el narcotráfico fue utilizado en la lucha armada”. Me pregunto qué habrían dicho si las Farc se hubieran dedicado a la mal llamada “trata de blancas” -aunque secuestraron y prostituyeron niñas- para financiar su revolución.
Los primeros indicios del testaferrato de Mercacundi datan de 2007, pero con el inicio de negociaciones y la llegada de Montealegre en 2012, se engavetaron las investigaciones y solo con la gestión del fiscal Martínez aparecen recursos y testaferros que las Farc ocultaron en claro incumplimiento impune del Acuerdo.
En 2017, el gobierno quiso legalizar cultivos ilícitos de hasta 3,8 hectáreas, con el argumento de no tener que mandar a la cárcel a campesinos pobres. Hoy insiste con una reducción a 1,78 hectáreas, desconociendo que el problema no es de tamaño sino de principios, pues la pobreza explica el delito pero no lo justifica. Por esa vía llegaríamos a la impunidad para el delito por subsistencia.
Es obsesiva la preocupación del gobierno por beneficiar a los delincuentes. Aunque el fiscal neutralizó las iniciativas de los amigos de Santos en el Congreso para rebajar penas con motivo de la visita del Papa, nada logró frente a la excarcelación masiva que está dejando en la calle a miles de presuntos delincuentes.
Pero Santos es terco -¿o tendrá algún otro interés?-. Ahora no solo pretende darles rebaja de penas, zonas de agrupamiento y condiciones especiales de reclusión a los mafiosos, sino que busca hacer extensivas esas gabelas a las disidencias de las Farc, que no se sometieron al Acuerdo y que, por lo tanto, deben ir a la justicia ordinaria.
El país espera la victoria de Duque el 27 de mayo, para el retorno de la legalidad y de una lección social urgente: que realmente el que la hace la pague.
