Que mal le está saliendo al Gobierno todo lo relacionado con el posconflicto, y lo digo desde el punto de vista de alguien que ha señalado muchos reparos al Acuerdo de Paz, pero que al fin y al cabo considera que el solo hecho de silenciar los fusiles, evitar las tomas guerrilleras y los cilindros bomba en nuestro país es un enorme avance, y su mérito lo tiene el gobierno que usó todo su esfuerzo y su capital político en lograrlo.
Sin embargo, gracias a la codicia de las Farc, a las manos abusivas de muchos políticos del régimen, y a no sé qué otros intereses más que han surgido en el camino, lo logrado corre el peligro de terminar en algo peor para Colombia, sus instituciones y la misma guerrilla, como es que el Acuerdo fracase estrepitosamente.
Desde el cacareado anuncio de Santos de los miembros del Tribunal de la JEP, la sensación de rapiña por parte de la izquierda y la guerrilla es innegable. Mal contados, de los cincuenta magistrados elegidos 28 son abiertamente izquierdistas, pro FARC, y han mostrado una animadversión pública y conocida por la oposición representada por Uribe y el CD, y aun así, con ese nivel de desequilibrio descarado fueron elegidos sin reparos. Diarios como El Colombiano en un editorial señalaron tamaña falencia, y el partido Cambio Radical, otrora afín al gobierno, finalmente descubrió que la ley estatutaria para reglamentación de la JEP, deja serias “dudas sobre la idoneidad en todo lo relacionado con la JEP”, y además “les hace rechazar de manera categórica, la idoneidad de la composición el Tribunal Nacional de Paz”.
Si el gobierno se empeña en usar esta ley para vengarse del Uribismo, o como lo dijo el guerrillero Carlos Paris en una Universidad como el Externado, que la JEP se hizo “para meter preso a Uribe”, que lejos estamos de reconciliaciones o de superar la polarización, por el contrario, es el mismo régimen el encargado de atizar el fuego de la división irreconciliable de los colombianos.
Pero considero mucho más grave el sentido filosófico de esta JEP y su Tribunal, en dirección a vincular a ciudadanos comunes o terceros que no participaron en la violencia de la guerra entre guerrilla y Estado, donde este Tribunal de una manera omnipotente y tiránica pretenderá juzgar a civiles por el mismo rasero con que serán juzgados los criminales de la guerrilla.
De otra parte, el fiscal general ante el Congreso ha hecho gravísimos señalamientos de como las FARC pretenden colar a la JEP narcos pura sangre, y otra serie de delincuentes que estarían pagando por su nombre en dichas listas para que se les laven sus pecados y de paso los millones ganados con el narcotráfico. Adicionalmente puso el dedo en la llaga de los “muchos micos” colgados a la ley donde se estaría ni más ni menos, legitimando crímenes de Lesa humanidad y lavado de activos de esta guerrilla y sus colados. Mejor dicho, que fiestica tan linda la que pretenden hacer a través del Acuerdo los delincuentes de este país. Horroriza solo pensar que si cuando Samper nos llamaron Narco democracia, cómo seremos llamados si toda esta podredumbre logra sanearse jurídicamente.
Está, el congreso, la Corte Constitucional, los organismos de control Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y todos los ciudadanos honestos de este país, a tiempo de detener esta bomba de impunidad, que nos puede estallar cuando sea demasiado tarde. Tenemos la obligación moral de señalar todos y cada uno de nosotros desde nuestras propias tribunas, los terribles errores que se piensan cometer a nombre de la PAZ.
