Según el Registro Nacional de Reincorporación, 10.708 exintegrantes de las Farc-EP están participando activamente en el proceso de paz y están cumpliendo a cabalidad las responsabilidades adquiridas en el Acuerdo Final de noviembre de 2016. No solo dejaron las armas, muchos han creado por iniciativa propia programas productivos para suplir los incumplimientos del Estado colombiano, han comenzado una vida familiar estable, se han vinculado al partido político surgido del Acuerdo y a diversas organizaciones sociales y comunitarias.
Estas miles de personas encarnan la mejor demostración de que, a pesar de todas las vicisitudes, el proceso de paz es una realidad en desarrollo y consolidación.
Por eso, el grave incumplimiento de Jesús Santrich de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final, que hemos condenado y no cesamos de lamentar, no puede poner en riesgo la construcción de la paz en los territorios.
El Consejo de Seguridad de Naciones, que por segunda vez visitó Colombia para supervisar en el terreno la implementación del acuerdo, nuevamente ha señalado que nuestro país es ejemplo a nivel mundial por la forma como logró terminar un conflicto de más de 50 años, a través de una negociación compleja, seria y responsable.
Por ello, debemos registrar con gran preocupación la cadena sistemática de violencia contra quienes dejaron las armas en varias regiones del país.
Esta semana, se han registrado dos nuevos asesinatos de exguerrilleros en el departamento del Cauca.
Según las cifras contenidas en el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, 123 excombatientes han sido asesinados, 10 desaparecidos y 17 han sido víctimas de tentativas de homicidio.
Y asistimos además, entre impotentes e indiferentes, a la ola de amenazas y asesinatos de líderes sociales en las zonas de conflicto, que generan un riesgo grave de reactivación de la confrontación armada en zonas como Nariño, Cauca, Córdoba o Norte de Santander.
El partido Farc informa que, con los últimos casos, son ya 137 los asesinados, y que también se han registrado homicidios contra familiares de estas personas.
Como si esto fuera poco, en los últimos días se ha denunciado que existiría un plan destinado a asesinar a los máximos dirigentes del partido Farc.
Estos crímenes ocurren en un ambiente enrarecido por las constantes agresiones de adversarios del proceso de paz, campañas que promueven el odio contra quienes buscan dejar atrás el pasado de la confrontación armada, y ponen en duda su deseo de paz y de reconciliación.
Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, si bien reconocemos que el Gobierno Nacional ha condenado estos hechos y tomado algunas medidas tendientes a brindar seguridad a las y los excombatientes, es imperativo que ante la gravedad de esta situación se otorgue la máxima atención a esta ola de violencia, y que en consecuencia se apliquen con eficacia y celeridad todos los mecanismos de garantías y seguridad previstos en el Acuerdo Final. Se debe convocar con urgencia la Comisión de Garantías de Seguridad prevista en el acuerdo y es indispensable que la sociedad entera se movilice en defensa de la vida de exguerrileros reinsertados, soldados y policías y los líderes sociales. La defensa de la vida, que fue el propósito fundamental de la Paz negociada con las Farc, debe convertirse en la razón fundamental de un pacto nacional como lo han pedido además la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. No podemos permitir que los avances alcanzados en los últimos años en materia de disminución de homicidios, desplazamientos, secuestros en todo el territorio nacional, se pierdan ahora en medio de un clima de polarización política alrededor de la JEP y el caso Santrich.
Los crímenes contra las personas que están en proceso de reincorporación constituyen una de las más serias amenazas contra el proceso de paz, pues buscan minar la confianza en el mismo, y con ello promover el retorno a las armas. Hacemos un llamado a que el Estado cumpla con el deber de garantizar la vida y la integridad de quienes han creído en la paz, y emprenden un nuevo camino. Los asesinatos de nuestros soldados por parte de las disidencias en Nariño son episodios de violencia dolorosos que creíamos erradicados de nuestro acontecer diario, que deben llamarnos a una seria reflexión sobre el peligro de volver a épocas superadas. La incapacidad del estado y la sociedad para frenar los asesinatos de líderes sociales por parte de las mafias del narcotráfico, el despojo de tierras y la minería ilegal en los territorios, debe motivar una seria reflexión de todos los sectores políticos y sociales del país. Este rebrote de violencia de los últimos meses lo debemos enfrentar unidos, sin consideraciones políticas. Todos estamos en la obligación ética de sumarnos a una gran campaña, un gran pacto por la vida. Al menos, en eso pongámonos de acuerdo.
