Hace 23 años se aprobó la Ley 191 de 1995 sobre las zonas de frontera. En aquella época Norte de Santander aún gozaba de una estable y fructuosa relación con Venezuela, lo cual le permitía a la ley promovida por el gobierno Samper, generar unas directrices eficientes para el desarrollo regional.
Las Zonas de Integración Fronteriza y las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, entre otros, fueron mecanismos acertados en la mencionada ley que otorgaban facilidad para celebrar diferentes políticas públicas y convenios de cooperación e integración bilateral. Sin embargo, fueron pasando los años y lamentablemente la relación política y económica de la frontera colombo-venezolana se fue deteriorando a la realidad que hoy padecemos.
Lo que no podemos entender es como después de tanto tiempo y luego de 5 periodos presidenciales, todavía siga vigente una ley que no representa nuestra realidad y sea totalmente obsoleta para darle manejo a la crisis tan grave que ha ido aumentando año tras año.
Nuestra región es protagonista por tener los peores indicadores socioeconómicos del país, y cuando la situación ha tocado fondo por los problemas que se nos relacionan con Venezuela, el Gobierno central en su “máximo esfuerzo” decretó en par ocasiones una emergencia económica con medidas temporales que nunca tuvieron algún efecto para aliviar los síntomas que ya se convertían en enfermedad.
Con los mejores deseos se espera que Venezuela pueda recuperarse de la dictadura que la tiene diezmada, pero debemos ser consientes que esto no sucederá en el mediano plazo. Por esta razón, se hace necesario tener las herramientas que puedan atender de una forma actualizada y exclusiva las zonas que corresponden a los 2.219 kilómetros de territorio nacional que compartimos con el vecino país.
Ninguna ciudad puede ser administrada con medidas calcadas de otros lugares sin tener un estudio profundo que las haga válidas y eficientes en el plano local. De eso nos hablaba el filósofo francés Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”. Él nos enseñó que para crear un sistema político estable se debía tener en cuenta las condiciones económicas de la región, sus costumbres y tradiciones, e incluso, los determinantes geográficos y climáticos.
Mientras lo anterior no sea tomado en cuenta, vamos a seguir con normas rancias que nunca solucionarán nuestras dificultades. Continuarán las famosas declaraciones ignorantes de la realidad, como aquella que tuvo la Canciller María Ángela Holguín a principio de este año al afirmar que no existía migración masiva de venezolanos a Colombia. Y como si fuera poco, se seguirán imponiendo decretos como la internación de vehículos venezolanos que nos proponen requisitos imposibles de cumplir.
Esperamos que el Gobierno entrante –que en Cúcuta sacó el porcentaje de votación más alto del país- pueda tener en cuenta las especiales condiciones que nos agobian y, en un trabajo serio con la dirigencia local, desplieguen nuevas políticas de impacto que impulsen la región a largo plazo con un desarrollo significativo.
