Nos acercamos a la hora cero de la elección presidencial con un grado de polarización que hacía tiempo no veíamos, o mejor, podríamos decir de sectarismo político, aupado por las redes sociales y el candidato de la izquierda, aunque últimamente moderó estratégicamente sus propuestas.
Arribamos a esta etapa de la contienda comicial con las adhesiones políticas que eran de esperarse.
La última de ellas fue la del Partido Verde, el cual impuso al candidato Gustavo Petro una serie de condiciones -los 12 mandamientos, llaman ellos-, muy buenas por cierto, pero que más parece una forma elegante de acercarse a la campaña del representante de la Colombia Humana.
Todos los colombianos recordamos cuando en un debate por televisión, en 2010, el candidato Antanas Mockus le hizo afirmar al entonces candidato Juan Manual Santos que “le puedo firmar aquí, en piedra o en mármol, sobre lo que usted quiera, que no voy a subir los impuestos”: hoy la tributación santista nos asfixia.
De manera que no se sabe qué le hace creer al futuro senador Antanas Mockus que el candidato Gustavo Petro cumplirá los doce mandamientos, donde encontramos, entre otros, olvidarse de las expropiaciones, de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y respetar la propiedad privada.
El acto de adhesión tuvo lugar en el parque Los Mártires, donde está la basílica del Voto Nacional, símbolo de la reconciliación nacional. Gustavo Petro sonreía feliz, y creo que Claudia López, quien hace pocos días cuando un periodista le preguntó por esas condiciones de los Verdes a Petro, también sonrió pero con escepticismo.
Al final Claudia terminó apoyando las condiciones de Antanas Mockus a Petro, y tenía que ser así porque allá está su afinidad ideológica, la misma razón por la que otros partidos y movimientos políticos adhirieron al candidato Iván Duque.
A propósito de Iván Duque, la más reciente adhesión se dio por los lados del diario El Tiempo, quien lo hizo en el entendido que debía respetar los Acuerdos de La Habana, lo cual es una ratificación de lo dicho repetidamente por el candidato de la coalición de centroderecha, lo cual ya demostró cuando el mismo Iván Duque demandó ante la Corte Constitucional el Acto Legislativo para la paz, fue escuchado en audiencia pública el 6 de abril de 2017, donde sustentó sus argumentos y, al final, la corporación terminó dándole la razón parcialmente al ceder en la modificación de las reglas del “fast track” y devolviéndole al Congreso la autonomía que había cedido por presión gubernamental, lo que lo convertía en un simple notario porque no podía reformar nada.
Es decir, si el nuevo gobierno desea hacer ajustes a los Acuerdos tiene que ser por canales institucionales: Congreso de la República y Corte Constitucional. Directamente ante estas instancias o previo entendimiento con Timochenko, jefe del partido político Farc, quien ya aceptó hacer ajustes al Acuerdo.
