Entramos en la etapa final del actual periodo legislativo y muchas iniciativas que son necesarias para marcar la ruta del Estado en los próximos años se encuentran en la cuerda floja, ante el poco tiempo que hay para su discusión y aprobación.
Aunque temas como la reforma tributaria o Ley de Financiamiento, la reforma política y la reforma a la justicia son prioritarios, no se puede dejar de lado los cambios que requiere la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dando cabida a un tratamiento igualitario para los miembros de la Fuerza Pública sindicados de delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
El acuerdo logrado entre las diferentes bancadas de ampliar el número de magistrados de la JEP, que contaría con 14 funcionarios más, es un avance importante en la búsqueda de un equilibrio en la corporación. No se debería descartar la propuesta de crear una sala especial que juzgaría los policías y militares, con el fin de que haya igualdad en todos los actores que tuvieron participación en los hechos de guerra, además porque el país necesita conocer la realidad de lo sucedido en los más de 50 años de confrontación, verdad que debe ser contada desde distintos escenarios.
No es que se busque clasificar la JEP con magistrados pro Farc y pro Fuerza Pública, como lo señaló uno de sus funcionarios, se trata de dar las mayores garantías procesales para cada uno de los implicados. No es justo que a los desmovilizados de las Farc se les brinden todos los beneficios de reincorporación a la vida civil, haciendo borrón y cuenta nueva frente a los actos delictivos por ellos cometidos, y a los miembros de los organismos de seguridad del Estado se les juzgue con todo el rigor desconociendo que su proceder estuvo ligado al conflicto.
En su corta existencia, la JEP como ninguna otra institución ha sido objeto de críticas y de gran resistencia. La animadversión generada por miembros de organizaciones guerrilleras quiere ser trasladada a la entidad encargada de juzgar sus actuaciones, pero como institución judicial colombiana, la JEP debe gozar de toda la credibilidad y respeto, atributos que empiezan por la misma entidad, con procedimientos que garanticen la igualdad, superar la desconfianza sembrada en algunos sectores por el origen de algunos de sus magistrados que fueron activistas de derechos humanos.
La discusión apenas comienza. Hace falta un acuerdo de bancadas para avanzar en el proyecto que busca paridad en los procesos judiciales a integrantes de la Fuerza Pública, que no será fácil de lograr por los intereses que giran alrededor del tema, pero que se debe lograr por el bien de la institucionalidad y la imparcialidad en las causas puestas en conocimiento de la JEP, especialmente las que involucran a los uniformados.
La JEP tampoco puede apartarse de sus objetivos esenciales, que además de ejecutar el componente de justicia del acuerdo de paz, propende por garantizar los derechos de las víctimas, en especial los de verdad, justicia y reparación.
@WilsonRuizO
