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Institucionalizar la política
¿Qué esperar en una República donde las acciones populares, no creadas para juzgar delitos, sino para proteger derechos colectivos, imponen sanciones fuera de lugar?
Miércoles, 27 de Marzo de 2019

El otro día, Luis Felipe Henao, columnista de El Espectador, dijo que la existencia del Derecho parecía cada vez más inútil, ahora que los procesos se realizan en la radio, en la prensa y en la televisión. Que no hay reserva del sumario, que las pruebas se filtran como el agua por las rendijas, que destruyen la competencia de los jueces, la legalidad y la presunción de inocencia, que la politización es la que ordena el archivo o el ocultamiento de los expedientes, también llamado “engavetamiento”.

Sí, hay que aceptar que todo eso se da en nuestro sistema. Hay áreas más permeadas que otras. Los controles, por ejemplo, lo son más que la justicia. Y en esta no se puede generalizar, pues son una minoría los que manchan toda la rama. Henao hace referencias para denotar la crisis. ¿Qué puede uno esperar de ciertos jueces, en una república donde se ordena la libertad de un oso de anteojos, para garantizarle su “Habeas Corpus”? U otra pregunta de mayor fondo: ¿Qué esperar en una República donde las acciones populares, no creadas para juzgar delitos, sino para proteger derechos colectivos, imponen sanciones fuera de lugar?

La confusión es impresionante. Todos se equivocan. ¿Qué se puede pensar en la contratación del Estado, cuando la vía más fácil de la corrupción son los “otro sí”, tan vapuleados ilegalidad en los pronunciamientos jurisprudenciales, cuando la Fiscalía archiva investigaciones según el paciente político, y mantiene vivas las de los desapadrinados? Ah, el otro sí No. 6 de la vía a Gamarra es demasiado notorio. 

Sí. Oh, confusión de confusiones con los otro sí, tan productivos y tan prolíficos aquí en Cúcuta. El otro sí No. 6 de la Vía Gamarra y esto es inverosímil, no lo anula la jurisdicción contenciosa, sino el control de la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en las del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y tomó medidas cautelares, que se las niegan a todo veedor social en la contenciosa, fácilmente solo con la Ley 1240 de 2009.

A mi encanta mirar la justicia con la lupa de John Rawls, lo leo y lo releo: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Solo que a veces, como aquí, se desvanece. Me salí de la cuadrícula que aprendí en el colegio La Salle de mi bachillerato. La cuadrícula de San Agustín, que decía ¿Qué diferencia a los ladrones del Estado? Y respondía: la existencia de la justicia. El Estado sin justicia degenera en una banda de ladrones. 

San Agustín, cuenta en la Ciudad de Dios, que Alejandro capturó a un pirata y le preguntó ¿con qué derecho pillaba en los mares? Y el pirata marcó las diferencias del poder con su respuesta: “Por la misma razón que tú sometes al pillaje a toda la tierra. ¡A mí me llaman ladrón porque lo hago en un pequeño barco, a ti, emperador porque lo haces con una flota!”. Es cuestión de filosofía política.

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