Nos parece muy bien que todos los partidos políticos hayan aprobado en el Congreso la llamada Consulta Popular Anticorrupción; es un hecho innegable que el país requiere de elementos legales urgentes que permitan detener esa avalancha de personajes que se valen de toda clase de triquiñuelas para asaltar al Estado, y de paso el bolsillo de todos los colombianos.

No es sino observar los informes que al respecto ha elaborado la Contraloría General de la República, en donde concluye que al país se le arrebatan anualmente unos 50 billones de pesos por concepto de las defraudaciones de muchos funcionarios, que en la mayoría de las veces actúan con complicidad de contratistas inescrupulosos.

Semejante cifra nos hace pensar en la cantidad de obras que se hubieran podido atender para beneficiar a los mas débiles y para impulsar el desarrollo del país. Un estado de cosas como el planteado, constituye una verdadera emergencia nacional y una calamidad lamentable y desastrosa, así como vergonzante. 

Pero resulta imperativo llamar la atención para que esas preguntas que se van a hacer al electorado, no queden como un catálogo de buenas intenciones, ni tampoco en el objetivo de disminuir unos sueldos a los altos dignatarios del Estado, pues esto último en sí, no es corrupción.

La esencia del caso está en que se puedan desarrollar normas efectivas para evitar que esos 50 billones que denuncia la Contraloría, desaparezcan de las arcas del Estado y vayan a parar a los bolsillos de los mas avivatos y rapaces, que terminan enriqueciéndose fraudulentamente a costa del bolsillo y el sudor de todos los colombianos.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas, una bestia diabólica que no respeta nada y que se vale de cualquier instrumento para apoderarse del dinero público. 

La consulta popular aprobada le costará al Estado $300.000 millones, y si no está en capacidad de producir resultados concretos y apreciables, terminaremos sumándole al dinero público, que no produce beneficios a sus ciudadanos.

El proyectado estatuto para detener la corrupción, debe ser un instrumento certero, que esté en capacidad de poner en su sitio a todo aquel que se atreva a poner sus manos sucias en los bienes públicos. Es un reto, que de no cumplirse, irá a producir la desesperación de los ciudadanos que en el futuro concurrirán a las urnas llenos de un resentimiento justificado.