Con aprobación del Congreso de la República, para lo cual se tuvo el apoyo de las diferentes vertientes partidistas, los colombianos están convocados a votar la consulta popular anticorrupción el domingo 26 de agosto. Ese ejercicio permitirá medir el interés de los ciudadanos en la lucha contra ese enraizado flagelo del abuso a que se ha llegado en el país en el manejo de los recursos oficiales que debieran servir para fortalecer la educación, la salud, la justicia, la seguridad y en general mejorar las condiciones de vida de todos, pero que han convertido en capital de enriquecimiento de unos pocos o en insumo de privilegio de poder. 

Los puntos que se votarán disponen, la reducción del salario de los congresistas y de otros altos servidores del Estado, cárcel para los corruptos y prohibición de contratación con el Estado,  transparencia en la contratación oficial,  veeduría ciudadana en la aprobación de los presupuestos en el sector público, rendición de cuentas por parte de los congresistas y limitación a estos  de sus períodos en Senado y Cámara,  obligatoriedad de los servidores públicos de dar conocer su patrimonio y aplicación de la sanción de extinción de dominio  a los corruptos. También se elimina el beneficio de la casa por cárcel para quienes sean condenados a pena privativa de la libertad.

No es que ese conjunto de disposiciones sea la panacea contra el desbordado mal de la corrupción, pero representa un avance indispensable en la acción por contenerlo o llegar a su erradicación.

La lucha contra la corrupción requiere de la participación activa de los ciudadanos. No se puede confiar al protocolo de algunos dirigentes, que finalmente se rajan porque se lesionan sus intereses. Hay que decir sí para sacar del juego a los que se aferran al no. En Colombia no cabe más corrupción. No puede ser que unos cuantos se roben las contribuciones de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. No puede ser que se imponga la perversión para alzarse con los dineros de la salud, o de la alimentación escolar, o de la educación, o de la vivienda, o de la justicia, o de las vías.

Consentir el festín de los pícaros o ser cómplices de ellos en el abuso del poder, es poner el país en riesgo.

No se pueden dar gabelas en beneficio de quienes ponen la desfachatez como soporte de su avaricia, o de quienes calculan todo para apoderarse por la vía del ilícito de lo que no les corresponde. La cultura mafiosa impuesta por el narcotráfico permeó los diferentes sectores y alimentó la subienda de los corruptos. Es un poder real y se han tomado el país aprovechando la fractura de la justicia y la indiferencia de la comunidad, a pesar de ser víctima de los carruseles que tantos daños le causan a la nación.

La derrota del sí en la consulta anticorrupción sería un pasaporte para quienes se benefician del ilícito. 

Puntada

¿De qué le puede servir a Colombia la alianza de los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria? Las señales son más negativas que positivas. ¿Fuera de defender sus feudos, qué más ofrece tan descolorida unión?