No basta con decir en la Constitución que “Colombia es un Estado social de derecho”, si esa norma queda relegada a la voluntad omisiva de quienes tienen el control del poder o del Gobierno. 

El Estado social de derecho tiene que garantizar la democracia en el ejercicio de la política y el manejo de la nación en todos los aspectos. 

La democracia como expresión de legalidad y de legitimidad, a fin de no caer en la subordinación a mecanismos de imposición que pueden llevar a la arbitrariedad y al autoritarismo, con desconocimiento de los derechos ciudadanos y de las libertades.

Suscita preocupación el anuncio del señor Guillermo Botero,  escogido por el presidente electo Iván Duque para el cargo de ministro de defensa,  de “regular” la protesta social en Colombia. 

Es esa una prevención que puede apuntar a la represión contra quienes disientan públicamente de los actos oficiales. 

Y por esa vía podría ser considerado delito de opinión cualquier manifestación o movilización de los sectores contestatarios que no compartan decisiones oficiales o las denuncien como contrarias al  interés común.

La protesta social debe entenderse como un ejercicio público de inconformidad, o como la participación ciudadana en el análisis de los actos de quienes gobiernan. 

Y ese análisis bien puede tener la finalidad de que se corrijan manejos equivocados no exentos de efectos negativos para la comunidad.

Con la pretendida “regulación” de la protesta social se corre el riesgo de la provocación oficial y esta puede ser un nuevo surtidor de violencia extrema o la repetición de esa extravagancia que fueron los “falsos positivos”, con ejecuciones extrajudiciales.

Los prejuicios contra la protesta social pueden llevar a promover acciones hostiles de la Fuerza pública y poner a esta en la misión de contener a los inconformes mediante procedimientos agresivos en no pocas ocasiones. Son muchas las experiencias negativas registradas en Colombia.  Han sido víctimas de esos desvíos, estudiantes, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, campesinos, militantes de partidos. La matanza de las bananeras es uno de los episodios desgarradores de la represión contra la protesta social. El exterminio a sangre y fuego de la Unión

Patriótica es otro turbulento capítulo de la barbarie tendida a los contrarios como “defensa del orden”.
Con los hilos de la “regulación” de la protesta social también se tejen mentiras para la distorsión de los hechos y la justificación de desmanes de quienes representan la autoridad. Entonces se aplica censura contra la libre expresión y se hacen sindicaciones temerarias destinadas a descalificar a quienes disienten. Se trata, pues, de un asunto que no admite ligerezas, porque es una de   las columnas vertebrales de la democracia. La protesta social es parte de la institucionalidad. Y anularla es caer en un vacío abismal.

Puntada

El expresidente y senador Álvaro Uribe debe asumir el caso judicial al que está vinculado en la Corte sin esguinces ni altanería. Si se considera inocente tiene que demostrarlo con pruebas ciertas. El recurso del pataleo es una debilidad que no le sirve. Se trata de un hecho que pone a prueba muchas cosas. Ya se verá.