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La frontera ultrajada

No se profundizaron las propuestas destinadas a la solución de los problemas identificados.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, la cual ha registrado en todo tiempo un amplio movimiento de intercambio comercial y de personas que van y vienen, en una relación que comprende motivaciones de todo orden, desde los cruces familiares hasta las causas históricas relevantes, como fueron las luchas por la independencia, contra el colonialismo español en el siglo XIX. 

Se ha dicho que este vecindario binacional ha alcanzado uno de los más altos niveles de dinamismo en América Latina, hasta el punto que sus transacciones económicas llegaron a índices significativos. En el 2010 fue de 8.000 millones de dólares.

Hubo también momentos de especial atención a las posibilidades de desarrollo conjunto, para lo cual se acordaron planes de integración binacional, con iniciativas que apuntaban al aprovechamiento recíproco de los recursos comunes. 

Se consideró que la integración podría ser un instrumento eficaz para canalizar proyectos de beneficio binacional en la perspectiva de promover el crecimiento económico, el desarrollo social y el intercambio cultural.

Sin embargo, no se profundizaron las propuestas destinadas a la solución de los problemas identificados y siguieron acumulándose factores negativos hasta llegar a la extrema decisión de cerrar  las vías de la vecindad,  como lo hizo en forma unilateral el presidente Nicolás Maduro, invocando sus particulares razones.

Sin embargo, los problemas que requerían la acción conjunta de los dos gobiernos no se resolvieron y en cambio se abandonaron los acuerdos que hubieran podido mejorar las condiciones de las comunidades de las áreas de frontera.

Ahora es más crucial la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela. La ilegalidad es lo predominante y esto se hace posible por la complicidad de servidores públicos.

El muro impuesto en la frontera de Colombia y Venezuela le ha dado carta libre a los delincuentes para imponer su ley. Cobran peajes en las trochas utilizadas para transitar entre los dos países. La extorsión se aplica como contribución corriente y todo su rendimiento ingresa a las bolsas de servidores oficiales o de paramilitares y otros delincuentes que  ejercen control del tránsito de personas en los territorios de los dos países.

La acción de los delincuentes y la permisividad de las irregularidades por parte de las autoridades es un ultraje constante en esta jurisdicción fronteriza binacional. La que debiera ser un escenario de amistosa vecindad, con la cooperación debida para armonizar las relaciones y tener una convivencia de utilidad recíproca, se ha convertido el tormentoso sendero, donde impera el delito en términos  ofensivos.

El rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela no debe ser excusa para desconocer esos males cotidianos. No puede ser que a la tormenta política se agreguen los ingredientes del descarrilamiento que representa el maltrato recurrente a colombianos y venezolanos que cruzan la frontera.

Las comunidades fronterizas merecen protección y sus territorios no deben seguir convertidos en guaridas de delincuentes que actúan con sevicia mediante la agresión que ejercen.

Puntada

¿Qué están pensando los aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta sobre tantos problemas acumulados en la ciudad? No pueden pasar de agache y deben tener respuestas claras.

Domingo, 24 de Marzo de 2019
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