Semanas atrás el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General para el 2019 con un déficit de 14 billones de pesos. Este desfinanciamiento incluye compromisos del Gobierno frente a sus gastos institucionales y proyectos nuevos de la administración del presidente Iván Duque. Por esta razón, se presentó hace unos días la Ley de Financiamiento que buscará cubrir ese dinero restante. Sin embargo, esta propuesta podría causar daños profundos en la economía colombiana.
La columna vertebral de la Ley de Financiamiento está en el aumento de la base del IVA. Ahora, los productos básicos de la canasta familiar, los periódicos, libros y textos escolares, entre otros, pasarían a ser gravados con un 18% del impuesto en mención. Cabe resaltar que siempre fue un compromiso de gobiernos anteriores, nunca gravar estos productos al considerarse que afectaría directamente el bienestar de las clases bajas y medias del país.
En reformas tributarias de administraciones pasadas, el máximo recaudo por impuestos estuvo planteado por 5 billones de pesos, no obstante, esta medida pretende llegar solo por medio del IVA a recoger 11 billones de los 14 que le faltan al presupuesto de la nación. Una propuesta arriesgada y bastante delicada que podría desalentar el consumo interno y la estabilidad económica, sobre todo, de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
El ministro Carrasquilla nos ha dicho que habrá una compensación de la carga impuesta por concepto del IVA para la población de menores ingresos. Este método explica que, los hogares por medio del puntaje del Sisbén y que reciben ingresos menores a un salario mínimo, obtendrán a través de programas como Familias en Acción, un monto alrededor de 50 mil pesos mensuales para compensar el efecto negativo del nuevo impuesto. La pregunta es, ¿qué tan efectiva sería esta iniciativa de devolución del IVA?
Es importante mencionar que la base de datos del Sisbén ha tenido toda clase de señalamientos por estar desactualizada y tener registros irregulares. No son ajenos los casos expuestos en los que personas con altos ingresos tienen puntajes bajos o cambian su dirección de domicilio con el fin de bajar sus puntajes y acceder a subsidios. Según el DNP, a mitad de este año, 56.129 personas con ingresos mayores a 3,8 millones de pesos mensuales estaban mal categorizados y unos 37.201 registraban inconsistencias en la información de su tipo de vivienda.
También debemos tener en cuenta que este tipo de devolución del IVA para las familias pobres, por ser una compensación anticipada, no está basada en ningún tipo de cálculo sobre cuál será el gasto efectivo de los hogares por el nuevo impuesto. En otras palabras, la devolución que se menciona terminaría siendo otro subsidio que no genera ningún tipo de sostenibilidad económica, incrementaría el paternalismo estatal; fomentando las transferencias directas al mejor estilo del régimen venezolano.
En un país como el nuestro, donde las necesidades socioeconómicas abundan y las exigencias al gobierno aumentan con el tiempo, es fundamental entender que se necesita recaudar dinero para poder invertir. Sin embargo, la corrupción, la politiquería y la inoperancia de las políticas públicas realizadas, hacen que sea para nosotros muy difícil digerir las veces que vienen a tocar nuestros bolsillos. De todas maneras, si bien la administración Duque necesita recursos para ejecutar su plan de gobierno, esta Ley de Financiamiento está formulada a las carreras, es improvisada y esa jugando con el sustento básico de los colombianos.
