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Por: Rafael Nieto Loaiza
Martes, 9 Junio 2020 - 2:29am

La ojeriza de la Corte contra Uribe

Lombana ya había iniciado una investigación sobre el caso.

Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción de la Suprema, abrió el 15 de mayo una investigación preliminar contra Álvaro Uribe para vincularlo al proceso del mal afamado hacker Sepúlveda. Se basa en un correo electrónico anónimo enviado a él y a la magistrada Lombana el 16 de diciembre pasado.

Hay muchas razones para cuestionar la decisión de Alarcón. La cuenta de correo desde la que se envió el mensaje no tiene responsable ni datos del remitente. Es un anónimo. Y los anónimos no son medio de prueba. Así lo dice, entre otras normas, el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal: “Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”.

Además, Lombana ya había iniciado una investigación sobre el caso. Dos días después del anónimo realizó un allanamiento a las instalaciones militares donde se habrían hecho las interceptaciones. En los discos duros, materiales y declaraciones de ese proceso no hay absolutamente nada que indique ni siquiera de manera remota que Uribe fuese el destinatario de las supuestas chuzadas o de los perfilamientos hechos con fuentes abiertas. Tampoco hay ninguna referencia a que lo haya sido nadie del Centro Democrático. Lo que despierta suspicacia es que Alarcón abra indagación sobre el mismo anónimo y por los mismos hechos. No solo es un desperdicio de recursos sino que viola el debido proceso. En la mejor hipótesis, cuando sin conocimiento se abren dos causas por los mismos hechos, corresponde acumular los procesos en cabeza de aquel que va más adelantado (el de Lombana). Pero no es este el caso, porque Alarcón sabía perfectamente que la Magistrada ya estaba investigando. Peor, en una decisión que despierta aún más r
ecelo y suspicacia, Alarcón ordena “practicar diligencia de inspección” al proceso de Lombana.

Además, en una entrevista con Uribe un periodista afirmó que desde la Corte le informaban que “en los próximos días le van a quitar el caso a Lombana y quedará solamente en Alarcón”. Quieren retirarle el expediente a la magistrada. Y no, no es por amiga de Uribe. No lo es. Incluso el ex Presidente la recusó en este caso.

Súmese la investigación que le abrieran a Uribe por las interceptaciones al Ñeñe. En ellas, como con pruebas he explicado antes, no se habla de compra de votos. De hecho, el ex Presidente no interviene en ninguna de las conversaciones. En alguna de ellas mencionan su nombre. Con base solo en esa mención, la Suprema también le abrió investigación a Uribe.

Y antes, recordemos, la Suprema había cerrado un caso de manipulación de testigos por parte de Iván Cepeda, denunciado por Uribe y, en cambio, le abrió al ex Presidente uno en el que le hicieron una interceptación ilegal por un mes, metiendo su teléfono en una investigación contra un parlamentario en la que Uribe no pintaba para nada. Aunque el investigador del caso avisó a la Corte que el número interceptado no era el del Congresista sino el de Uribe, la Suprema continuó grabándolo ilícitamente por al menos tres semanas más. 

Y así, mientras que a Uribe le abren investigaciones paralelas con base en anónimos o porque terceros lo mencionan de pasada en una conversación, o lo chuzan ilegalmente, entre otras muchas violaciones al debido proceso, esa misma Corte no hace nada con Santos, sobre el que hay múltiples pruebas de que está involucrado en la financiación ilegal de su campaña y posiblemente también en la entrega de contratos como pago por los favores recibidos. Y tampoco mueve un dedo para investigar a Petro por la corrupción durante su gestión como Alcalde o por el video de las bolsas. 

Las salas penales de la Suprema deberían ser ejemplo de majestad y transparencia, de actuar conforme a la Constitución, de proteger el debido proceso. Y no lo son. Manchadas por el cartel de la Toga, con magistrados mediocres (con excepciones), politizadas al extremo, en lugar de dar garantías de imparcialidad, probidad y justicia, tiene un rencor enfermizo con el expresidente y el uribismo, como antes sus colegas del Cartel la tuvieron también. 

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