El próximo 27 de octubre Cúcuta tiene la última oportunidad para convertirse en una ciudad, para demostrar que el voto de opinión no es una utopía, como dicen quienes se jactan de conocer la política en la región.
El declive de Cúcuta es tan profundo y evidente a la vez, que no se le puede llamar ciudad. Aquí no existen planees de gobierno, no hay planificación para el desarrollo ni mentes pensando en un mejor futuro. Al que se atreve a pensar lo silencian, y al que quiere hacer un trabajo diferente, lo compran.
Es tal el deterioro, no sólo de las instituciones sino de las relaciones Gobierno-comunidad, que los segundos ven al primero simplemente como un proveedor de recursos, más no como un generador de soluciones. El legado de Ramiro Suárez nos dejó como enseñanza que la política sólo nos interesa cada cuatro años, cuando pagan el voto a cincuenta u ochenta mil pesos, dependiendo del motor financiero del candidato.
Después de las elecciones, la ciudadanía no vale nada, y el gobernante de turno no hace nada por mejorar las condiciones socioeconómicas del millón de habitantes de Cúcuta, sólo hace gestiones para pagar los favores políticos y los dineros que le inyectaron a su campaña y lo hicieron elegir como primer mandatario de la ciudad.
Año tras año, las estadísticas muestran que la proporción de personas ocupadas en actividades que no están cubiertas por el sistema de seguridad social aumentan. En el primer trimestre de 2019, la informalidad alcanzaba el 70% y el desempleo el 19%, es decir que sólo un 21% de los ocupados en Cúcuta tienen un empleo digno (con prestaciones sociales). Además, la satisfacción con las instituciones es inferior al 20%, según el informe Cúcuta Cómo Vamos 2018: La aprobación a la gestión de la Gobernación es del 19%, un 18% la de la Alcaldía y un 15% lo tienen la Policía y las JAC, es decir, todo está fallando.
El departamento tampoco va nada bien: La cantidad de bienes y servicios producidos en Norte de Santander disminuye con los años. Hoy producimos 5% de bienes menos que en 2014, y actividades como la agricultura, las manufacturas y la construcción, decrecen sin aparente solución.
Según el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de U. Rosario, Cúcuta es la duodécima segunda ciudad más competitiva del país, supera sólo a Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó) y Riohacha (La Guajira), y presenta una brecha sumamente grande en la materia si se compara con ciudades como Manizales o Tunja, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que la cantidad de habitantes de dichas ciudades es inferior a la de la Cúcuta.
Pero hay posibilidades de cambiar el rumbo, si seguimos una estrategia, un plan, si apoyamos a una baraja de candidatos que tengan la voluntad de mejorar la situación actual, pero con propuestas reales y una plataforma política bien pensada.
El potencial electoral de Cúcuta es de 550.000 personas, todos con el poder de decidir e impedirle a las maquinarias seguir con el negocio. Decir que medio millón de cucuteños no pueden combatir la corrupción es pretender engañar a la ciudadanía para hacerles creer que todo ya está dicho. Es cierto que todo está negociado, pero podemos dañarles el negocio.
Necesitamos candidatos preocupados por las personas, no por la infraestructura, las vías o los contratos. De ellos ya hemos tenido suficiente. Cúcuta necesita una nueva generación de políticos que sean capaces de proponer soluciones reales para salir de las múltiples crisis que nos aquejan: Agricultura climáticamente inteligente, productividad sostenible para pequeños productores agrícolas, inclusión de Pyme en mercados y cadenas de valor, impulso a la adaptación y mitigación del cambio climático.
A quienes no han inscrito su cédula los invito a que lo hagan, participen, no permitan que se diga que todo ‘está dicho’. Hasta el 27 de agosto hay plazo en las registradurías, y el 27 de octubre es el momento de hacernos notar, y de hacerle saber a los políticos que la fuerza del electorado es la más importante.
