Precisamente este año se cumplen 25 años de la Ley 130 de educación superior que en su momento significó un gran avance en materia de autonomía universitaria y financiación.
En este tiempo el número de estudiantes matriculados en las 32 universidades oficiales prácticamente se cuadruplicó al pasar de casi 160.000 a más de 610 .000, mientras que los recursos girados por la nación escasamente se duplicaron al crecer solo al mismo ritmo de la inflación, un promedio del 5% anual, claramente insuficiente.
La consecuencia de este desfase hoy salta a la vista: el gobierno central giraba hace 25 años $10.825.890 por estudiante y hoy gira un poco menos de la mitad, $4.785.338.
Esa disminución efectiva del compromiso nacional es la que nos ha conducido al crecimiento exagerado del costo de las matrículas para los estudiantes.
Por estas justificadas razones cientos de miles de colombianos salieron de manera ejemplar y pacífica a exigir más recursos para las universidades públicas.
Con este panorama es claro que se requiere un esfuerzo adicional y sostenido del estado y la sociedad con la educación superior en general y las universidades públicas en particular.
En las últimas décadas los avances del país en materia de educación básica y secundaria son innegables, pero ahora estamos viviendo el drama de cientos de miles de egresados del bachillerato que no encuentran donde continuar sus estudios y cumplir sus sueños.
No se puede aplazar más entonces la discusión integral de una política de largo plazo que debe incluir la necesaria reforma a una ley que ya cumplió su ciclo.
Y esta oportunidad de los movilizaciones debe aprovecharse para construir un compromiso nacional con la educación pública superior en Colombia, en el que participen gobierno nacional, entes territoriales, rectores y estudiantes, gremios de la producción, maestros y los distintos sectores políticos.
La crisis presupuestal de las universidades públicas afecta esencialmente las posibilidades de los colombianos de menos recursos de acceder a la educación superior.
Y por ello el pacto debe comenzar por dejar claro en la próxima reforma tributaria que los recursos asignados hoy a la educación superior por concepto del 0.5 del IVA y el 0.6 de renta, se destinen exclusivamente a las universidades públicas con lo que se aseguraría casi un billón de pesos adicionales. Después tendremos que discutir la reforma al artículo 86 de la actual ley que no ha permitido ampliar la base de recursos sobre la que se gira anualmente a los centros de educación.
Sin duda el problema no es solo de recursos, también hay que garantizar una administración más eficiente y transparente, una mejora en la calidad de la docencia, más compromiso con investigación y tecnología y mayor vínculo entre las universidades y los sectores productivos en las regiones. Pero si no se resuelve de manera estable y definitiva el problema presupuestal, será difícil siquiera abordar los otros temas de debate.
La crisis es entonces estructural. Viene de muchos años atrás y de varios gobiernos. No se trata de buscar responsables sino soluciones. No se logra nada enfrentando a universidades privadas con las públicas o culpando al programa Ser Pilo Paga de la situación actual. El déficit viene de tiempo atrás y es acumulado. Se trata que aprovechemos la oportunidad del consenso sobre la gravedad de un problema que afecta seriamente nuestras posibilidades futuras como sociedad, para encontrar entre todos una solución que pasa necesariamente por un aumento permanente de recursos. La plata tiene que alcanzar, tanto para la U pública, como para los programas de excelencia académica de los colombianos más pobres.
Durante décadas los colombianos nos quejamos que el presupuesto de la guerra era mayor que el de la educación en Colombia. Hace unos años esta situación cambió gracias a la llegada de la paz y a decisiones políticas del momento. Ahora debemos dar un paso más adelante que permita fortalecer aún más ese compromiso presupuestal, con énfasis especial en la educación superior pública. Si lo logramos avanzaremos en la dirección de una sociedad más pacífica, equitativa y productiva.
