Hace algún tiempo, creo que con ocasión del despojo de aguas territoriales que Nicaragua y la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, le arrebataron a Colombia, mi buen amigo Orlando Clavijo Torrado publicó en este diario un artículo que siempre recomiendo, relacionado con normas de la Carta de 1991 que tienen destinatario específico.
¿Por qué? Si hacemos memoria recordaremos que en la Constituyente de 1991 el Partido Liberal tenía 25 delegatarios; la marxista Alianza Democrática M-19, 19; la marxista Unión Patriótica, 2; los movimientos indígenas, también izquierdistas, 2; el Movimiento de Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado,11; el Partido Social Conservador, de Misael Pastrana Borrero, 9; la Unión Cristiana, 2.
Al final los liberales y la izquierda dominaron y Álvaro Gómez adhirió. Resultado: con 48 votos doblegaron a la derecha que sumó 20 delegados y una Carta que muchos califican impuesta por el M-19.
Otro resultado: una serie de normas constitucionales que muchos vieron normales y no alcanzaron a advertir que en la Constituyente esa normatividad era importada y servían intereses plenamente identificados: en el Preámbulo se dice que el Estado está obligado a “impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, es decir, no podemos pelearnos con nuestros hermanos.
En el art. 9: “De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”, es decir, Cuba y Nicaragua. En el art. 227 proclama la Carta: “El Estado promoverá la integración económica, social y «política» con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y el Caribe mediante la celebración de tratados públicos”. Léase bien: integración política.
Resultado de todas esas prescripciones supralegales es nuestra obligación de suscribir los tratados regionales que crearon la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), el canal de televisión suramericano Telesur, “para combatir el imperialismo cultural”; se alcanzó a hablar del Banco del Sur (Bansur), etc.
Yo no sé hasta dónde alcanzamos a llegar y a qué adherimos, pero no cabe la menor duda que vivimos unos años de pesadilla. Todo ello sucedió en la arremetida del llamado Foro de Sao Paulo con el entonces gobernante venezolano a la cabeza, y el presidente Álvaro Uribe Vélez, aquí en Colombia, tratando de contener en solitario el ingreso del fantasma colectivista. Por ello, precisamente por ello, hoy lo quieren llevar irresponsablemente a cuanta instancia judicial internacional hay en el orbe.
De manera que con el nuevo fracaso del comunismo internacional -llamado aquí Socialismo del Siglo XXI- ya no deberían existir esas ataduras constitucionales, y llegó la hora de retirarlas de la Constitución política y permitir que el presidente de la República sea quien libremente dirija “las relaciones internacionales”, disponiendo soberanamente con que países nos relacionamos, con quien firmamos tratados públicos y cuál sería su contenido.
