Es bien sabido que en toda guerra la primera sacrificada es la verdad, porque en su desarrollo se ocultan métodos utilizados en las confrontaciones, intereses políticos y económicos que hay detrás de ellas, el número de víctimas y no se identifica la totalidad de quienes tuvieron alguna participación.
El conflicto con las Farc, con más de medio siglo de duración, no fue ajeno a esa realidad. Son evidentes las consecuencias que aún sufrimos por vivir tanto tiempo con un país en guerra y las secuelas de dolor, pobreza y destrucción que dejó, pero la verdad de lo sucedido en las zonas donde las Farc fueron la autoridad impuesta y la influencia ejercida en los círculos políticos, económicos y judiciales, difícilmente se llegará a conocer.
Por eso no será fácil el trabajo de la recién instalada ‘Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición’, que tendrá que documentar 54 años de conflicto armado desde sus distintos escenarios, labor que pareciera casi imposible.
Un documento que quiera evidenciar lo que pasó con los hechos de las Farc tendrá que reflejar la visión de las víctimas, de la propia guerrilla, de otras organizaciones ilegales que surgieron o vivieron por la acción de ella, de los empresarios que de manera forzada o voluntaria patrocinaron a los actores del conflicto, de la Fuerza Pública, de los órganos de control, de los dirigentes políticos muchos de ellos beneficiados con votos, de las regiones golpeadas por las armas, en fin, una investigación que abarque nuestra realidad.
Existen cifras que permiten dar una mirada a las nefastas consecuencias del conflicto colombiano. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo 220 mil muertos, más de 60.000 desaparecidos y cerca de cinco millones de desplazados; pero esas estadísticas obedecen a registros oficiales y testimonios de las víctimas, aunque la realidad podría ser más trágica.
Sin dudar de la integridad de los miembros de la Comisión, será difícil que se conozcan detalles sobre aspectos escandalosos de la guerra, ya que por salvaguardar la estabilidad institucional muchos asuntos permanecen en secreto.
La Comisión anuncia que habrá un juicio moral cuando se logre individualizar a quienes intervinieron en el conflicto, sin embargo si son dispendiosos los procesos judiciales, basados en leyes claramente definidas, no vería factible un juicio moral, más aún cuando ésta suele manifestarse con dos caras: la que se muestra y la que se vive. Por ello se podría prever que las conclusiones sobre el conflicto con las Farc serán generales.
Las comisiones de la verdad conformadas para desentrañar las motivaciones y secuelas de hechos que golpearon fuertemente a una sociedad, pasando por esclarecer lo que realmente ocurrió, tienen un papel importante en el proceso de reconciliación, pero no logran desnudar todo lo sucedido.
En el caso de Colombia, y a manera de ejemplo, la Comisión de la Verdad de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá hizo una labor trascendental, sin embargo quedan muchas dudas frente a lo acontecido, por citar un solo aspecto, todavía se habla de desaparecidos.
Conocer la verdad es un derecho que tenemos los ciudadanos. Todos somos víctimas porque en algún grado sufrimos los efectos de la confrontación y aún seguimos pagando sus consecuencias. Los miembros de esta Comisión tienen una tarea monumental, no será fácil documentar más de 50 años de historia en la que muchos de sus protagonistas, la mayoría de ellos víctimas, ya no están para contarla.
Por eso esperamos que el documento final, que saldrá luego de tres años de estudio, se aproxime al panorama que vivió Colombia durante la guerra, para que nunca se nos olvide la crueldad de vivir bajo el temor de las armas y para no volver a repetir esas escenas de destrucción y muerte.
