Luego de más de diez días de protestas populares direccionadas, principalmente, por operadores externos, muchos ciudadanos empiezan a preguntarse por qué el gobierno nacional no hace uso legítimo de la fuerza, partiendo de la base de que las democracias tienen derecho a defenderse. Lo cierto es que el gobierno legítimamente constituido -lo que nadie puede desconocer- ha sido prudente en el manejo del cese de actividades que ya empieza a causar estragos económicos a los comerciantes, muchos de los cuales tienen ventas para el día a día, y aunque no haya desmanes en el cese laboral forzado ya está en la mente de los comerciantes que en cualquier momento una marcha se puede salir de madre. Muchos padres de familia que hacen un esfuerzo descomunal para enviar a sus hijos a estudiar, pueden resultar damnificados económicamente por la cancelación del semestre.
Si hay algo bueno en los últimos días es que las marchas sí parecen autónomas, libres de influencia externa, es decir, somos nosotros mismos sus organizadores clamando por reivindicaciones aplazadas y parece que llegó la hora de atenderlas.
Respecto a las peticiones en estas horas de incertidumbre se han escuchado algunas muy atinadas, y otras francamente desproporcionadas: es atinado que se solicite disminuir el salario de los congresistas y el porcentaje que se paga en el régimen contributivo de salud, pero es descabellado exigir la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- cuyo fin es restablecer el orden y la seguridad donde fueren turbados. También ha salido a flote la solicitud de convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente. Si esa fuera la solución Colombia viviría en un paraíso desde 1991, cuando se expidió la nueva Carta que consagró el Estado social de derecho, es garantista, participativa y fue redactada por una Asamblea que agrupaba lo más representativo de la nacionalidad colombiana: afrodescendientes, indígenas, clase política, ambientalistas, empresarios, académicos, etc. Una verdadera inclusión de la que se quieren apropiar otras corrientes políticas. Ahora resulta que la Carta de 1991 ya no les sirve y la que suceda a la nueva, si se expide, tampoco servirá al cabo de un lustro, porque ya se sabe qué es lo que quieren y quiénes la quieren.
No hay que olvidar las palabras del candidato de Colombia Humana al reconocer en segunda vuelta el triunfo del hoy presidente Iván Duque: “Lo nuestro es la movilización popular, lo nuestro es esa ciudadanía juvenil que (…) queremos que siga politizada”.
