Una de las razones por la que el denominado paro nacional ha venido debilitándose paulatina e imperceptiblemente, aparte de la entrada a la etapa navideña en pleno, es la actitud de sus organizadores de presionar la exigencia de peticiones desproporcionadas que ellos con antelación saben que el Estado no puede ni debe negociar.
En el artículo anterior mencioné, por ejemplo, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, que tanta roncha causa a los violentos porque en sus acciones de fuerza encuentran un muro de contención eficiente. Es el Estado defendiéndose, y el Estado, decía un jurista francés del siglo XIX, es la personificación jurídica de la Nación, es decir, nos representa a todos, inclusive a sus desafectos. ¡Qué le vamos a hacer!
Otra petición desproporcionada es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que entregue al país una nueva Carta política. Esta demanda no la he visto en el pliego de peticiones de los organizadores del paro, pero sí se la escuché como sugerencia al nuevo alcalde de Medellín, y seguramente tiene acogida entre los primeros. Pensar que una nueva Constituyente soluciona los problemas colombianos es una inocentada. Lo único que se le puede contestar es que no estamos huérfanos de Constitución, sino que la que nos rige, desde julio de 1991, hace 28 años, no ha sido desarrollada adecuadamente.
Si hilamos delgado y prestamos atención a lo que se comenta en círculos cerrados tendríamos que aceptar que las deliberaciones o negociaciones del gobierno anterior en La Habana con un grupo irregular no fue otra cosa que una Asamblea Constituyente velada, cuyos acuerdos fueron incluidos en la Constitución creyendo que quedarían protegidos en una fortaleza inexpugnable. A estas alturas no se trata de ignorarlos, sino de mejorarlos, lo que ya ha intentado el gobierno nacional y no ha prosperado.
A tal punto han llegado las exigencias de los organizadores del paro que ahora pretenden negarle al Congreso de la República su función de tramitar las leyes que el país necesita. No les gusta una ley tributaria que necesita el Estado para financiarse y cumplir obligaciones internas y externas, que la Corte Constitucional ha venido estudiando y sacando en limpio lo esencial. Tampoco les gusta una ley mal llamada “Andrés Felipe Arias”, creyendo que únicamente beneficia al citado exministro de Agricultura e ignorando que una de las características de toda ley es su “abstracción e impersonalidad”, es decir, no puede resolver casos individuales o grupales. Esa ley otorga una opción más a los encartados aforados, como se venía reclamando hace tiempo, incluso internacionalmente, pero no obliga a los magistrados a proceder de determinada manera. Es procedente, y lo único que tiene que estudiarse cuidadosamente es la retroactividad.
