Nuevamente sucedió. Ya ha pasado tantas veces, que creo que nunca ha dejado suceder. Pienso que no es un hecho, sino una actitud permanente.
El famoso ranking de Doing business, que se publica de tanto en tanto, nos ubica muy mal en el escalafón.
La idea de ese ranking, que es una medición hecha por el Banco Mundial, es que se sepa en cuál lugar se ubica a una nación en términos de facilidad (o dificultad) para hacer negocios, y su posterior ejecución ante un juez de la República, lo que en inglés se llama enforcement.
Según ese índice, vamos mal. Pero lo graves es que vamos bajando, en vez de subir. O, de al menos, permanecer en el mismo lugar.
Por ejemplo, hacer cumplir un contrato toma casi 1300 días, lo que equivale a casi 3 años y medio. En Singapur no se toma ni 6 meses.
¿Si ven el atraso?
En el asunto de los impuestos nos va igual de mal, pues según el índice se necesitan 239 horas al año para preparar, presentar y pagar los dichosos tributos, mientras que en Luxemburgo solo se requieren 55 horas.
Colombia, tierra querida.
Alguno dirá que mejor no nos comparemos con esos países, que cada cual tiene lo suyo, y que Colombia es el mejor vividero el mundo. Entonces, miremos lo que pasa al interior de esta bella tierra.
Las diferencias entre las capitales (siendo Manizales la mejor ponderada), son abismales. Parecen, incluso, diferentes países. Lo que en su momento llamó el Dr. Gómez Hurtado “las repúblicas independientes” dentro de una misma nación.
La cosa no mejora, por lo que no voy a aburrir con número ni cifras; solo digo que mientras esto sigua siga así, la solución del machete y el disparo serán las más apetecidas por los ciudadanos.
Cuando no hay forma de resolver una disputa, o cuando toma años -como en el asunto nuestro-la creación de estructuras para – estatales es cuestión de segundos: oficinas de cobro, sicarios, oficinas de “ gota a gota”, y un sinfín de ilegalidades.
Un sinfín, como los Úsuga, o las Farc (disidencias, desde luego), o el ELN, o los puntilleros, o los Pelufos, o cualquier otra especie silvestre de delincuentes que pelechan por este trópico.
La aplicación de la fuerza letal del Estado es válida, y puede funcionar en la medida en que su poder disuasorio sea evidente, contundente. Pero eso no es suficiente.
Se requiere, antes que nada, que el poder de la ley, del Estado de Derecho, llegue. Que cada individuo sepa que en el juzgado de su pueblo hay una solución pacífica, civilizada, predecible.
