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Por un circuito económico alternativo al de las drogas ilícitas
El PNIS no logró resultados ni por el gobierno del presidente Santos y menos por el gobierno del presidente Duque.
Viernes, 26 de Junio de 2020

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC en general ofrece una información muy útil por cuanto muestra un mapeo responsable del comportamiento de las regiones afectadas por cultivos de uso ilícito. Por un lado, muestra como algunos departamentos redujeron su área sembrada como los casos de Caquetá en un 62 %; Antioquia en un 29%; Nariño en un 12 %; Bolívar en un 7,5 %; y Putumayo en un 5 %. Sin embargo, preocupa mucho que hubo incrementos notables en Norte de Santander, que registró un 24,1 % más de territorio afectado por cultivos de coca, y en el Valle del Cauca, cuyo aumento alcanzó un 82 % respecto al año 2018.

Vale la pena examinar esas dos tendencias en el comportamiento de la producción cocalera en el país. Muy seguramente la reducción del tamaño de la producción cocalera en algunas regiones se debe a que allí se hicieron mayores esfuerzos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, que si bien el gobierno no siguió cumpliendo como estaba pactado, si hubo cumplimiento de las comunidades y ellas mismas arrancaron sus cultivos como lo pudo verificar UNODC.  Si el PNIS se hubiese implementado como estaba pactado los resultados serían satisfactorios porque las comunidades han manifestado la voluntad de superar la producción de cultivos de uso ilícito a condición de que el Estado ayude a superar los indicadores de pobreza extrema, atraso y abandono histórico. Lo que la gente pide es lo que al Estado le corresponde hacer por mandato constitucional.

Respecto al crecimiento de la producción cocalera en el Valle del Cauca y Norte de Santander, por un lado, está asociado a que en esta región el PNIS no logró resultados ni por el gobierno del presidente Santos y menos por el gobierno del presidente Duque, ninguno de los dos hizo los esfuerzos necesarios para avanzar en la implementación del PNIS; en el caso del Norte de Santander, también responde al tratamiento marginal que históricamente ha recibido el territorio del poder central. También puede estar asociado a condiciones muy particulares del territorio que podría estar favoreciendo no solo a la producción cocalera sino también la transformación de esta materia prima y las rutas del narcotráfico.

Para buscar soluciones al problema hay que entender que estamos ante la industria del narcotráfico que cuenta con un alto flujo financiero para dinamizar la economía cocalera porque en la medida que se expanda la producción y aumente la productividad crece el negocio. De ahí que la erradicación forzada sea un fracaso, como también es un fracaso la aspersión con glifosato y podría serlo el PNIS, de llegarse a implementar, si se limita solamente del Plan de Atención Inmediata PAI y no se implementan los Planes de Desarrollo Alternativo. El PNIS necesitaría el refuerzo del PDET en su versión original y del resto de la Reforma Rural Integral.

A la industria del narcotráfico hay que ponerle competencia y es generar otra industria alternativa que tenga como fuente generadora de materia prima la economía campesina, familiar y comunitaria y que esa industria sea de economía solidaria o de asociatividad solidaria. Hay que diseñar un gran plan de impacto territorial con el musculo financiero para poder sustituir los circuitos económicos ilegales por formas legales de producción, industrialización y mercado. Se necesitan estudios muy completos de factibilidad y aquí entraría a jugar un muy buen papel la academia, tanto para la formulación de las iniciativas como para darle proyección estratégica a largo plazo y garantizar su sostenibilidad.

La idea del sistema productivo, industrial y de mercado que sustituya el circuito de la economía ilegal debe entenderlo el gobierno nacional y la comunidad internacional. Hay que ir al fondo del problema y para ello se requiere voluntad política y proveer todos los recursos necesarios para una verdadera transformación territorial. Y no es golpeando a campesinos y campesinas ni estigmatizando a las comunidades que se logran los grandes objetivos, es construyendo con ellos y ellas lo que podría ser una redención del flagelo de la producción de las drogas ilícitas.

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