El partido político Cambio Radical, cuyo portaestandarte es Germán Vargas Lleras, pretende, y con derecho, imponer su propuesta de programa de gobierno vía Congreso de la República. Comentemos algunas de ellas:
 
Empecemos por el retiro de funciones electorales a las altas Cortes -Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado-, las cuales han sido su dolor de cabeza porque las politiza y distrae de su razón de ser esencial: administrar justicia.
 
Recuerdo perfectamente que cuando el gobierno anterior provocó la salida del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub de la Corte Constitucional, la totalidad de sus integrantes se fueron a hablar con el presidente Juan Manuel Santos y le solicitaron que les retirara, vía reforma constitucional, las funciones electorales para postular funcionarios del Estado ajenos a su investidura, con lo cual estaban reconociendo cuál era la raíz del problema. No sé qué pasó luego, pero olvidaron el petitum. 
 
Al proponer el retiro  de las facultades electorales de los magistrados y mantenerles la de elección del Fiscal General de la Nación lo único que hacen es achicar el problema, pero subsiste. Pero, ¿a quién le entregamos la elección del Fiscal? 
 
En segundo lugar, me alegra la creación de la jurisdicción comercial. Esto prueba que disciplinas jurídicas que integran el derecho privado cada día se van desarrollando más, y ahora, otra de ellas, quiere vida propia con carácter de jurisdicción especializada, como ya ocurrió con el derecho de familia.Su función consistiría en asumir “las controversias originadas en actos de comercio o a las que resulte aplicable el Código de Comercio”.
 
Los estudiosos de la historia del derecho y los juristas que se dedican al derecho comercial pueden dar fe de que en el “Derecho comercial romano. Perspectiva histórica”, de los profesores italianos Pietro Cerami y Aldo Petrucci, texto muy conocido en el Externado de Colombia, se amplían los conocimientos pertinentes y se ahonda en la raíz de muchas instituciones comerciales romanas que hoy se conservan. 
 
En tercer lugar, propone la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura -CSJ- y la creación de la Dirección de la Administración Judicial. Es lo mismo. Porque se le cambie el nombre a una entidad no quiere decir que será mejor. Basta con hacer los ajustes pertinentes y corregir las “fallas” que se han detectado hasta ahora. Las notas de los periódicos nacionales hablan de “eliminación” y “reformulación” del CSJ, con lo que confunden al lector y no es lo mismo. 
 
Finalmente, se prohíben las tutelatones, y harto se ha dicho que son una presión indebida y un abuso del derecho. Ello quedó demostrado cuando la Procuraduría General destituyó al alcalde Gustavo Petro. Siendo ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado se expidió un decreto que ordena que en las tutelatones éstas vayan al despacho judicial que según las reglas de competencia hubiese avocado el conocimiento de la primera de ellas, lo cual quedó reglado en los decretos 1069 de 2015 y 1834 de 2015.