Con el propósito de remediar la difícil situación económica por la que atraviesan Cúcuta y su área metropolitana, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley por medio del cual se crea el régimen de Zona Económica y Social Especial (ZESE).

El artículo 5º de ese proyecto establece un beneficio tributario en la tarifa del impuesto sobre la renta del cero por ciento (0%) durante los primeros 5 años contados a partir de la constitución de la sociedad y del 50% de la tarifa general para los siguientes 5 años.

El artículo 2º del mismo proyecto, establece: “La presente ley aplica a las sociedades comerciales que se constituyan en la Zona Económica y Social Especial (ZESE) antes referida dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de aquella, bajo cualquiera de las modalidades definidas en la legislación vigente, y cuya principal actividad económica consista en el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias y comerciales...”.

Sobre esto hay que mencionar que si bien se trata de un buen incentivo para atraer inversión, él no es ni suficiente ni tampoco es igualitario porque con esas condiciones los ÚNICOS beneficiarios de la medida serían aquellos que llegaran a asentarse en Cúcuta y/o su área metropolitana, con el consecuente perjuicio para todos los empresarios locales que le han puesto el pecho a la crisis y con ello han logrado que el desempleo y la informalidad que nos acompañan no haya sido más alto. Así las cosas, si ese proyecto llegara a convertirse en Ley, propiciaría el hecho de que las empresas que lleguen y se instalen acá, con la ventaja de la renta y de la retención en la fuente, saquen del mercado y quiebren al empresariado local. Un ejemplo aclara la cosa: si la Organización Corona, viendo el beneficio ofrecido por la ZESE se instala en Cúcuta, se ahorraría el impuesto de renta (hoy del 33%) al 100% durante los primeros 5 años y del 50% de la tarifa plena durante los siguientes 5 años, con lo cual sacaría del merca
do y consecuentemente llevaría a la quiebra a Cerámica Italia, que es una empresa de la región que da empleo y genera desarrollo local desde hace muchos años, y que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley no podría acceder a los beneficios que ella ofrece. 

Frente a esta situación, al empresariado local sólo le quedarían dos opciones: 1ª) Como los estoicos, acostarse a esperar su muerte, o 2ª) Defenderse liquidando sus empresas de muchos años de antigüedad y, paralelamente,  constituir otras que les permitan obtener los beneficios de la Ley, lo cual no deja de ser un esguince que si bien tiene el ropaje de legalidad no es lo ideal dentro de un Estado que como miembro de la OCDE debe propugnar por la buenas prácticas y no por la promoción de los esguinces legales.

De tal suerte que es URGENTE que TODOS los congresistas del Norte de Santander, unidos en una sola voz, presenten la proposición de modificación al proyecto que el gobierno radicó en el Congreso el pasado 21 de noviembre, ajustándolo a la realidad y a las verdaderas necesidades de Cúcuta y su área metropolitana; y que nos quede como lección que para la confección de estos proyectos hay que contar con el concurso de personas que no sólo conozcan de hacienda pública sino también de las particularidades de la problemática local para que no nos resulte más grave el remedio que la enfermedad.