Definitivamente,  el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno - llamado “ley de financiamiento”  con la pretensión de ocultar la realidad mediante el eufemismo-, vulnera la Constitución por su carácter regresivo e inequitativo.

En perjuicio de los ciudadanos,  en especial de la clase media, se extenderá el IVA a los productos de la canasta familiar. Se engaña a los más pobres anunciado que se les devolverá una cifra mensual, pero de todas maneras insuficiente -si es que en verdad se los consignan- para absorber el verdadero y real valor del impuesto y,  peor aún, para asumir con tan precario ingreso el inevitable incremento de los precios de los productos a raíz de la natural disminución del consumo, sobre lo cual ya han prevenido con acierto los gremios de la producción.

En este momento,  como han reflejado todos los medios de comunicación, palpando la forma en que los ciudadanos recibieron la noticia y escuchando distintas opiniones en las capitales y municipios del país, el rechazo a la reforma es prácticamente unánime. 

Consumidores,  familias, amas de casa, trabajadores, sindicatos, agricultores, productores, gremios, pensionados, analistas, formulan, con razón, múltiples reparos al proyecto.

Como dice el Evangelio, “el que tenga oídos para oír, que oiga”. 

El Gobierno y el Congreso deben oír al pueblo. “La voz del pueblo es la voz de Dios”.

El Presidente de la República alega la existencia de un hueco fiscal dejado por la anterior administración,  de 14 billones de pesos. Le creemos. 

Pero las finanzas públicas no se pueden recuperar a costa de las clases media y baja,  ni de la población en general. 

¿Por qué no se piensa en disminuir la frondosa burocracia, el gasto público, las inversiones innecesarias? ¿Por qué no gravar en mayor medida a los bancos, a los grandes emporios financieros, a las grandes empresas nacionales, a las transnacionales que operan en Colombia? 

¿Por qué no gravar con mayores tarifas de IVA los productos suntuarios, la ropa de marca, los licores, los vehículos de lujo y alta gama, en vez de afectar a los ciudadanos del común que ganan más de un salario mínimo pero que no por ello son ricos? 

¿Por qué gravar la alimentación, indispensable para la subsistencia de las personas? 

¿Se ha hecho la cuenta de lo que, con el diario de los consumidores pobres y de clase media, entregarán éstos al fisco en el curso de un año -doce meses de obligadas adquisiciones-? 

¿Si tenemos en cuenta que todos los seres humanos suelen comer todos los días, no cada mes, al multiplicar el IVA que paga cada familia en un día, cuánto pagará una familia por IVA en comida por los 365 días del año? Una sola familia. Lo peor es que no será sólo por un año. Eso se quedará para siempre, como el 4 por mil.

¿Y por qué gravar los libros, la educación y la cultura?

El Congreso debe recordar que es el representante del pueblo,  no del Gobierno: que sus integrantes son independientes, que no deben obediencia al Ejecutivo,  y que en este caso, ante lo inequitativo de la reforma, la deben hundir. Esa es la mínima lealtad que le deben a sus electores.