Ni la presión de las 1.700 detenciones por parte de las autoridades francesas ha detenido a sus ciudadanos para protestar por las políticas y reformas económicas que escarnecen la calidad de vida de los habitantes. Luego de cuatro semanas de protestas, el movimiento de los chalecos amarillos, que se detonó por la pretensión de aumentar el precio del combustible en Francia, sigue reflectante y brilla por su fuerza. En la capital del país europeo, diez mil personas se han manifestado sin descanso y la lista de reclamaciones crece conforme el paso de las horas. 

En otra latitud distante, con un contrato social mucho más débil y un poder ciudadano más silencioso, un plantón contra un nuevo tributo no llegó a los cien asistentes. Es cierto que la cantidad de habitantes que hay en París no se compara con la que hay en Cúcuta, pero, si se tiene en cuenta que en la ciudad frontera hay 225.000 contribuyentes, esta movilización puede declararse como un fracaso. Fue tan poca la participación de la gente  en el plantón del Parque Santander que ni siquiera se afectó el tránsito de la Avenida quinta ni el acceso al centro de la ciudad. Sólo salieron al parque unas cuantas decenas de personas, según información de Caracol Radio y este medio regional. Es cierto que la convocatoria al plantón se hizo con muy poca antelación, pero la gravedad de la medida requería una movilización urgente. 

No nos hicimos sentir, ni siquiera con el apoyo del partido político vencedor en la región (Centro Democrático) a esta iniciativa logramos quórum para detener esta recaudación injustificada e improvisada. Mientras en París se vive el rechazo de Macron y se pide la caída de la República, en Cúcuta seguimos permitiendo la imposición de tasas por medio de títeres que ni siquiera hacen bien su acto. Ni el “alcalde” César Rojas, ni su séquito de concejales supieron argumentar la  idea de financiar fondos para fomentar la seguridad ciudadana. Sólo se ampararon en la legalidad de la tasa, lo cual es claramente insuficiente a la hora de añadir un recaudo a la carga tributaria de la ciudad. 

El tributo es legal porque está contemplado bajo lo estipulado en la Ley 1421 de 2010. No obstante, este no tiene legitimidad alguna porque no cuenta con estudios y análisis que lo sustenten, evidencias de su impacto en otras locaciones donde se ha aplicado (Barranquilla y Cali, por ejemplo), ni una proyección sobre cómo se hará la distribución y destinación del recaudo en el concepto de seguridad, sobre todo, teniendo en cuenta que el recurso que se pretende cobrar equivaldría a 5.000 millones de pesos anuales. 

Además, según un informe del pasado 20 de noviembre presentado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, los indicadores en materia de seguridad están mejorando gracias a las acciones del plan de choque, donde no se necesitó ninguna inyección adicional de recursos. Tal y como explicó el Coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Mecuc, en la ciudad se presentó una reducción de la comisión de actos delictivos en un 30%, a la vez que una disminución en las extorsiones en un 50%, de un 54% en el hurto a comercios, de un 28% en el hurto a residencias, al igual que un 61% menos de hurtos a vehículos y un 35% menos de homicidios.

Por lo tanto, en la práctica tampoco se justifica la necesidad de este tributo, que oscilaría entre $547 y $15.000 mensuales por contribuyente, según el estrato y destinación de los inmuebles (industrial, comercial). Si el balance es positivo, ¿para qué se necesita recaudar y destinar más dinero a este rubro?

Los partidarios del tributo, como el concejal Leonardo Jácome afirman que lo referente a la tasa de seguridad es puro ruido y que no debería preocupar a los cucuteños. Pero la ciudadanía ya no es capaz de equilibrar la carga impositiva (aumento del impuesto predial, cobro de valorización) con la situación económica y comercial que se vive en las calles de Cúcuta, una ciudad donde no hay chalecos amarillos pero sí un pueblo cansado de los constantes atropellos. Ojalá los dueños del performance político local se den cuenta de esto, o que los 225.000 contribuyentes se pongan de acuerdo mediante un movimiento que sea capaz de paralizar la ciudad y muestre su hartazgo con tenacidad.