Colombia ha padecido todas las violencias a lo largo de su historia en forma despiadada. En su afán de dominio conquistador los españoles victimizaron a la población indígena que encontraron. 

Después, en la colonia los agentes del imperio ibérico ejercieron acciones represivas contra los criollos para castigarles sus actos libertarios.  

Tras la creación de la república sobrevinieron las guerras internas o civiles con variadas atrocidades. 

Siguieron los alzamientos de grupos armados contrarios al oficialismo de Estado. 

Son las guerrillas de diferentes etiquetas. También el sectarismo partidista con su tendencia a la barbarie, como expresión de intolerancia y su ánimo de exterminio. 

Más el paramilitarismo con su estrategia criminal, en conexión con el narcotráfico. 

En otra fila, la delincuencia común. Y como si fuera poco, la vinculación de miembros de las fuerzas militares y de policía del gobierno a las muertes de civiles indefensos con el pretexto de “combatir la subversión”.

Son muchas las barreras levantadas contra la paz y la convivencia. 

Y aunque se han consolidado acuerdos que sacan de la lucha armada a muchos combatientes, no faltan los opositores a la reconciliación. 

Está ocurriendo ahora. La desmovilización de las Farc, en un alto porcentaje es un hecho histórico trascendental con el cual se le restó mucho al conflicto armado, lo cual requiere continuidad y sin embargo, desde la orilla contraria se ha buscado minimizar la importancia de ese avance y se pretende con diferentes pretextos invalidar lo alcanzando, sin tomar en cuenta el alivio que representa en el entramado de víctimas por la confrontación de actores ofensivos.

La sistemática muerte de los líderes sociales, de defensores de los derechos humanos o de desmovilizados de las Farc es la prueba de la insistencia de algunos en hacer trizas el proceso de paz. Esas muertes son la notificación de los que están del lado de la guerra para preservar los privilegios de latifundistas, de los gamonales del fraude electoral, de los corruptos que se apoderan de los recursos públicos, de los que fomentan la pobreza y la exclusión.

El Gobierno, ante esa diaria carrera de sangre y fuego, que es una forma de seguir en la racha de los “falsos positivos”, aunque con diferente versión, anuncia acciones de protección. Pero no pasa de ser una disposición vacía, apenas aparente. Los líderes siguen cayendo, sin que los responsables de los crímenes tengan sanción judicial. ¿Dónde queda la autoridad del Estado?

Es irritante que se siga alargando esa cadena de aniquilamiento selectivo, como ocurrió con la Unión Patriótica, o en el período de la Violencia, que tuvo la bendición de quienes controlaban entonces el poder político en el país, adobado de sectarismo y hegemonía.

Ya es tiempo que el país emprenda la cura definitiva de las violencias en que está atrapado. Violencias que son el producto de la desigualdad, de la intolerancia, del fanatismo, de la corrupción y de ausencia del Estado. Es un mal para combatir sin tregua, a fin de no seguir en la espiral de calamidades, causantes de tantas víctimas sin reparación alguna.

Puntada

Mitigar la responsabilidad de quienes fueron actores del hundimiento del proyecto contra la corrupción en el Congreso es complacer a los que se aprovechan de ese viciado poder para enriquecerse y ejercer el control del Gobierno.

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