Sin duda, el toque de queda es una figura que constitucional y legalmente le corresponde decretarla exclusivamente a los alcaldes. Se que este no es momento propicio para entrar en debates profundos de leyes, que como bien lo escribía el día de ayer Cristian Buitrago, los niveles de irresponsabilidad a que estamos llegando en Cúcuta y otras zonas del departamento son alarmantes, pero no por ello podemos tampoco permitir que una autoridad por vía decreto tome decisiones que a todas luces no le competen. Esa actitud es muy peligrosa y por ello es uno de los debates grandes que hoy se plantean en el mundo: el autoritarismo en el que están incurriendo algunos gobernantes con la excusa de la pandemia.
El toque de queda es una decisión de los alcaldes, y desde la Ley 136 de 1994 se había establecido esa competencia, confirmada por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. La razón es hasta muy sencilla: no es lógico que un gobernador tome iguales medidas de restricción para los 40 municipios del departamento porque de hecho las circunstancias sanitarias de muchos de ellos son muy diferentes. Por ejemplo, es muy probable que los casos de coronavirus de un municipio como Chinácota, en donde su alcalde José Luis Duarte ha sido responsable y ha tomado medidas adecuadas contra el virus, interviene y actúa y por ello las cifras en su municipio han sido muy bajas comparadas con las de otro municipio, en donde su alcalde auspicia hasta parrandas como ha sucedido.
No es lógico que un gobernador tome la misma medida para todos los municipios del departamento indiscriminadamente, no resulta ser coherente y por eso el Decreto 609 y el anterior 598 del 17 de julio son contrarios a la ley. Es una medida que incluso el gobernador en un buen propósito de ajustar sus decisiones a la legalidad debiera dejar sin efectos.
Cualquiera podría llegar a señalar y poner en duda esta publicación, si recuerda el famoso “toque de queda” que decretó en abril de 1970 el presidente Lleras, cuando se adelantaban las elecciones presidenciales para el cuatrienio 1970 – 74, y que llevó a Misael Pastrana a la presidencia y de otro lado, al nacimiento del M -19. Ese fue un decreto que se expidió bajo la figura del estado de sitio que era otra cosa.
Si bien el mundo vive un momento difícil, o quizás parodiando el título del excelente libro de Mario Vargas Llosa, vivimos tiempos recios, tampoco resulta deseable que un gobernante en un momento de confusión y caos de alguna manera contribuya con sus decisiones a generar mayor confusión. El mundo vive momentos de incertidumbre, de ansiedad y angustia y por ello como bien lo decía el viernes pasado el rector de la universidad de los Andes en una entrevista en Caracol, quien semanalmente sostiene coloquios con sus estudiantes sobre lo que está pasando en el mundo, sobre qué piensan de su futuro, qué opinan los jóvenes de sus días, decía el rector que debemos tratar de construir una narrativa de la esperanza. Eso es cierto, debemos construir un mundo esperanzador porque estamos viviendo momentos difíciles, desoladores, pero esto va a continuar.
Y en ese contexto, un gobernante debe tomar medidas ajustadas a la ley, y así contribuir en medio de la crisis a que salgamos de ella razonablemente. El gobierno nacional ha expedido más de 160 decretos que ha llevado a la gente, y aún a los abogados, a perderse en un marasmo de incisos, parágrafos y regulaciones, muchos de los cuales cambian de un día para otro que lo único que logran es crear más confusión y caos.
Finalmente, cuando un gobernador o un alcalde se equivocan, salir a corregir un error, más que ser visto como un acto de debilidad gubernamental, provoca es un efecto contrario, el reconocimiento de que su gobernante es ecuánime y razonable.
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