El país necesita un nuevo contrato social. El primer requisito es erradicar la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio. 

El acceso a programas de atención  en la primera infancia debe ser universal. La educación primaria y secundaria serían obligatorias y todo niño tendría derecho a educación pública de calidad. 

La educación terciaria contaría inicialmente con sistemas de financiación, becas y matrículas diferenciales con el objetivo de que nadie que quiera educarse o capacitarse no lo pueda hacer.

Estos serían los primeros pilares de una sociedad incluyente. 

Otros serían acceso universal a servicios públicos básicos, a salud, vivienda y seguridad social. 

Para eliminar la exclusión y la marginalidad es necesario el empleo residual de emergencia ofrecido por el Estado. 

Se aumentaría el acceso de los desempleados a capacitación y se crearían brigadas civiles de trabajo temporal remunerado para jóvenes desempleados. 

En el sector rural se debe acelerar el cumplimento de las medidas y políticas convenidas en el acuerdo de paz, aumentar drásticamente el acceso de los campesinos a la tierra y a los medios de producción, y crear instituciones regionales de extensión y asesoría productiva y comercial. 

Se debe actualizar el catastro rural y elevar el impuesto predial para financiar estos cambios. 

Las claves de la inclusión son educación y empleo sostenible. 

Para lograr esto último y para generar ingresos fiscales adicionales es necesario inducir mayor crecimiento sostenible a largo plazo que sea menos vulnerable a las variaciones de precios de los productos básicos. 

Se requiere un esfuerzo sin precedentes liderado por el estado en desarrollo tecnológico autónomo. 

Va a ser necesario un cambio de paradigma en las relaciones entre el Gobierno y las empresas y que las universidades se aventuren en los campos de la investigación aplicada y el emprendimiento. 

El papel de líder que le corresponde al estado en este desafío riñe con la idea de que no debe intervenir en la preselección de actividades y en la economía.

El Estado debe garantizar estabilidad económica y social, y que todo el mundo tenga acceso a las oportunidades y que todos aporten y cumplan sus obligaciones con la comunidad, entre las que se destaca la tributación. 

Una vez controlada la corrupción, no habría razón para que la obligación de declarar renta y pagar el impuesto correspondiente no fuera universal. 

Las tasas de tributación efectiva deben crecer progresivamente con el nivel de riqueza y de ingreso de los contribuyentes. 

La justicia y las instituciones que previenen el exceso de concentración de poder económico o político deben ser independientes, ajenas a la corrupción y al abuso, y fuera del alcance de los poderosos. El control del ejercicio excesivo de poder a nivel nacional y regional es imperativo, sobre todo para evitar que a nivel local se utilice la violencia para conservar el poder político. De nada  sirven las leyes o propósitos como este si los líderes y el pueblo no se comprometen a hacerlos cumplir. (Colprensa)